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profesores se registrasen luego como pacientes en las consultas de sus diplomados.

Aprovecharse de la ignorancia y la credulidad humanas proporciona réditos rápidos

y garantizados, y siempre habrá buscadores de fortuna incapaces de resistirse a la

llamada del dinero. Pero incluso si dejamos a un lado el indudable, generalizado y

creciente peligro de las prácticas deshonestas, la velocidad a la que las habilidades

adquiridas se devalúan y a la que se mueven las exigencias de los mercados de trabajo

hace que hasta los empresarios más impecablemente honestos del ramo contribuyan

también su parte (aunque no sea deliberadamente) al desagradable cúmulo de

repercusiones sociales de la nueva (y masiva) dependencia del conocimiento. Como

recientemente comentaba Lisa Thomas, la comercialización de la educación para

profesionales en activo que tan indispensable resulta en la actualidad está

profundizando por doquier las divisiones sociales entre una élite laboral altamente

formada y preparada y el resto de la fuerza de trabajo, así como entre la mano de obra

cualificada y la no cualificada, con lo que se están erigiendo nuevas barreras a la

movilidad social que son muy difíciles de superar y se está agrandando el volumen de

desempleo y pobreza existente. Una vez establecidas, estas divisiones tienden a

perpetuarse y a reforzarse a sí mismas [101] . En Estados Unidos, por ejemplo, sólo el

19% de la población con bajos ingresos que necesita formación profesional tiende a

finalizar los cursos que empieza, mientras que ese porcentaje asciende hasta el 76% de

probabilidades en los grupos de mayor renta. En un país relativamente pequeño como

Finlandia, se ha descubierto recientemente que alrededor de medio millón de personas

adultas empleadas necesitan formación pero no se la pueden permitir. Cada vez resulta

más evidente que, si sigue su propia lógica sin ninguna otra traba, el «mercado de la

enseñanza», lejos de atenuar la desigualdad, la intensificará y multiplicará sus

consecuencias y efectos secundarios sociales más potencialmente catastróficos. Para

evitar ese desastre, se hace inevitable algún tipo de intervención política.

Así lo ha asumido la Comisión de las Comunidades Europeas y así lo ha

confirmado en la comunicación anteriormente mencionada (titulada «Hacer realidad un

espacio europeo del aprendizaje permanente» y publicada el 21 de noviembre de

2001), aunque, de todos modos, no está nada claro que el principal motivo de

preocupación que ha inducido la iniciativa comunitaria hayan sido las consecuencias

sociales de la comercialización continuada de educación complementaria. El motivo

que predomina y reaparece a lo largo del documento es la sospecha de que la educación

continua administrada por el mercado no esté suministrando todo lo que la «economía»

necesita en realidad, y de que ello pueda afectar adversamente a la eficiencia y la

competitividad de la Unión Europea y de sus Estados miembros.

A los autores del documento les preocupa el hecho de que la llegada de la

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