Guía de Indicaciones Geográficas - International Trade Centre

Capítulo 3 – Panorama general de la protección jurídica de las IG en el mundo 47
El Convenio de París
de protección mundial. Algunos países opinan, sin embargo, que una vez que
una IG está registrada en este Sistema podría ser menos creíble su ulterior
denominación como genérica. A pesar del reducido número de Miembros del
Sistema de Lisboa, cerca de 70 países cuentan con una definición jurídica de las
denominaciones de origen, aunque estas definiciones pueden variar algo de la
definición que hace el Sistema de Lisboa.
Entre los Miembros de Lisboa en 2008 se incluyen: Argelia, Bulgaria, Burkina
Faso, el Congo, Costa Rica, Cuba, la República Checa, la República Popular
Democrática de Corea, Francia, el Gabón, Georgia, Haití, Hungría, Irán, Israel,
Italia, México, la República de Moldova, Montenegro, Nicaragua, el Perú,
Portugal, Serbia, Eslovaquia, el Togo y Túnez.
Cualquier Estado que sea Parte del Convenio de París (véase a continuación)
tendrá acceso al Arreglo de Lisboa, pero deberá estar dispuesto a proteger la
denominación de origen de productos que estén reconocidos y protegidos en su
país de origen y registrados en la Oficina Internacional de la OMPI. En algunas
situaciones, los países pueden denegar la protección. También es posible una
denegación parcial, y de hecho ocurre cuando coexisten denominaciones de
origen homónimas o incompatibles. Por ejemplo, la denominación de origen
peruana “Pisco” ha sido objeto de una denegación parcial por parte de varios
signatarios del Sistema de Lisboa, porque la denominación homónima “Pisco”
ya está protegida en el territorio de Chile. Aunque, por lo demás, la
denominación peruana está protegida en los países signatarios del Sistema de
Lisboa, la sola excepción es que no podrá invocarse para impedir el uso de la
denominación chilena “Pisco”. La solicitud de registro sólo podrá presentarla el
organismo nacional pertinente del país de origen. Mientras las condiciones se
mantengan intactas, no es necesaria la renovación, y el costo del registro en
2007 ascendía a apenas 500 francos suizos.
El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883–84)
fue el primer tratado internacional de importancia que fue designado para
facilitar la protección de los derechos de la propiedad industrial más allá de las
fronteras nacionales. El Tratado hace referencia al sentido más amplio de
propiedad industrial y, por tanto, incluye patentes, marcas, nombres
comerciales e indicaciones geográficas.
Ha sido sometido a varias revisiones (en 1925, 1934, 1958 y 1967) y es uno de
los primeros tratados históricos que mencionan la protección internacional de
las IG como “indicaciones de procedencia o denominaciones de origen”. Sin
embargo, no define propiamente las indicaciones de procedencia ni las
denominaciones de origen ni tampoco determina de manera explícita qué
medios de protección aplicará.
Se ocupa de la represión de la competencia desleal en estos ámbitos. El artículo 9
enumera los derechos de la propiedad industrial, como las marcas de fábrica o de
comercio, y establece el derecho de las partes perjudicadas (es decir, el productor,
la asociación o la empresa que estén relacionados con el lugar de origen o la
denominación) de recurrir al embargo o la contención de los productos
fraudulentos, siempre que el régimen jurídico del país contemple esta posibilidad.
El artículo 10 incluye la obligación de proteger las “indicaciones de procedencia”
“en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la
procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o
comerciante”. No indica explícitamente ni incluye denominaciones de origen,
pero habida cuenta de que una denominación de origen es, por definición, una