Guía de Indicaciones Geográficas - International Trade Centre

Capítulo 4 – Protección de las IG: Diferentes políticas y enfoques que se aplican en todo el mundo 57
siempre que esté facultado para ello. Asimismo, cuando no existe un proceso
democrático real, un gobierno podría no ser imparcial a la hora de atender a las
necesidades de protección de una IG, y podría incluso convertirse en una
responsabilidad si utiliza estos poderes con fines políticos o para controlar la
economía de una región. En los sistemas privados, la carga de los costos recae
directamente en el propietario de la marca, lo que puede reducir los costos
públicos, salvo que, como suele ocurrir, la marca sea propiedad del gobierno.
Por otra parte, no se puede esperar que el gobierno desempeñe eficazmente
muchas funciones que estarían mejor gestionadas por el sector privado o una
organización colectiva, como determinar la producción o las normas operativas,
gestionar la comprobación del cumplimiento o controlar la producción y otras
funciones del mercado. Un control excesivo no sólo sería asfixiante, sino que
además sentaría un precedente para subvencionar el establecimiento y
mantenimiento de la empresa privada.
Habida cuenta de que la propiedad de una IG rara vez representa a todas las
partes interesadas, el gobierno podría desempeñar la útil tarea de proporcionar
una supervisión pública. El gobierno podría ser la única entidad capaz de velar
por que no se viole el bien público y no se excluya a los principales interesados ni
el interés público (es decir, el medio ambiente, la cultura, etc.) de las decisiones
que les afecten. La IG está vinculada a un lugar concreto y es intransferible,
aunque esto podría ser difícil de controlar en la práctica cuando la IG está
protegida como marca. De acuerdo con los principios de la ley de marcas de
algunos países, el titular de los derechos de propiedad privados, incluidas las IG,
a veces obtiene derechos más amplios sobre una IG aunque dicho titular no
haya invertido durante largo tiempo en la comercialización ni el fomento de la
reputación del producto o servicio con IG. En algunos países, las políticas
públicas podrían ser válidas para exigir que “la ley recompense esa inversión
otorgando al inversor el derecho (exclusivo) de utilizar la marca” 145 .
Los productores más pequeños o menos opulentos podrían considerar como
una opción valiosa un mayor control público del activo. Podría garantizarse así
una medida de acceso equitativo a los beneficios derivados de la IG e impedir
que empresas más grandes o personas físicas se adueñen de estos beneficios, en
detrimento del bien público general. Además, la protección jurídica y la
solución de diferencias pueden resultar costosas, especialmente cuando se
llevan a cabo en otros países, y la gestión pública del activo (generalmente por el
gobierno) podría ser una opción más fácil y más asequible. Por consiguiente, la
selección de la estructura organizativa y de protección tendrá importantísimas
repercusiones en el esfuerzo de los productores por obtener voz y control sobre
su origen. No existe un único método correcto, y para alcanzar el mayor
beneficio general, podría ser necesario establecer un equilibrio entre los
aspectos públicos y privados de la protección de una IG.
El enfoque del common law (derecho anglosajón) de países como los
Estados Unidos y el Reino Unido resulta cómodo con el sistema de marcas
como medio de protección de la propiedad intelectual asociada a la
denominación de origen o de lugar 146 . Sin embargo, también existen casos en
145 Véase Cotton y Morfesi 2007. En los Estados Unidos, la protección de una IG mediante la ley
de marcas o la common law sólo se obtiene cuando existan pruebas de su uso prolongado y
exclusivo en el comercio de aquel país. La marca de certificación, en cambio, se puede adquirir
sin uso previo. En teoría, las partes pueden impugnar la validez de la marca si ésta estuviera
separada de parte de sus obligaciones de origen o de IG, o si el propietario no representara los
intereses de las partes de la IG presentando una denuncia legítima en su contra.
146 Barham 2003.