Descargar (pdf) - iwgia

INTRODUCCION
13
En efecto, los pueblos indígenas amazónicos del Perú, a partir de 1974 y amparados
por una reforma normativa que, por vez primera, los consideraba como
beneficiarios de derechos territoriales, emprendieron un largo proceso en busca
de asegurar sus territorios tradicionales frente a lo que en aquellos momentos se
visualizaba como la etapa final del proyecto colonial que había despojado de sus
posesiones a buena parte de la población amerindia desde la llegada de los europeos.
Desde 1974, fecha en que se dictó la primera Ley de Comunidades Nativas,
hasta hoy han pasado más de 30 años. En aquel entonces, y con muy escaso conocimiento
de la problemática amazónica, el gobierno militar optó por un modelo
de titulación en favor de una nueva institución denominada “Comunidad Nativa”,
un invento legal que descomponía artificialmente la integridad territorial de
cada pueblo en múltiples piezas, contiguas o no. Muchas cosas han ocurrido desde
entonces, ha habido grandes mutaciones en la Amazonía, nuevos intereses en
sus recursos y también muchos cambios entre los propios indígenas. Pero en lo
que hace a la legislación especializada, en el Perú la normativa referida a tierras
indígenas amazónicas no había cambiado en lo fundamental hasta la realización
de este estudio. Posteriormente a su redacción, el gobierno del Presidente Alan
García, con el fin de implementar acuerdos de libre comercio, y haciendo caso
omiso a los compromisos asumidos tras la ratificación y subscripción de tratados
y acuerdos internacionales, emitió 102 decretos legislativos que lejos de poner al
día el derecho peruano especializado para adecuarlo a las exigencias de esos tratados,
echaba por tierra la totalidad de los derechos vigentes hasta su entrada al
Palacio de Gobierno, provocando constantes movilizaciones y levantamientos
indígenas en toda la Amazonía.
AIDESEP, la organización indígena peruana que ha impulsado y dirigido la
mayor parte de los procesos de legalización de territorios comunales, asumió,
desde 1986, un proceso intensivo de titulaciones a través de un trabajo de cogestión
con el Estado y de una planificación participativa muy motivadora. El Directorio
de Comunidades Nativas del Ministerio de Agricultura da el dato de
10.503,88 hectáreas tituladas, sin considerar el total de 2.799,90 de cinco reservas
territoriales (una forma de titulación sujeta a confirmación que está contemplada
en la ley), ni algunas nuevas titulaciones llevadas a cabo en la región San Lorenzo
y en el Río Corrientes en los últimos años. Tampoco se consideran en esas cifras
las reservas comunales que los indígenas consideraron, y en algunos casos aún
consideran, parte de su integridad territorial y que, en conjunto, bordean los dos
millones de hectáreas. Existen, al menos cinco propuestas más de reservas territoriales
y siete de reservas comunales (en ambos casos, algunas con expedientes
listos y presentados ante el Estado) y un número no precisado de comunidades
por titular. Como resultado del proceso se ha llegado a situaciones de muy diferente
condición. Existen algunos territorios étnicos bien consolidados, aunque
construidos legalmente por “piezas”. Otros pueblos han reconstruido sus pose-