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154 ANTROPOLOGIA DE UN DERECHO - LIBRE DETERMINACION TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS como derecho humano Cuadro 7 - Estado registral de las comunidades Comunidad N° Resolución Titulación N° Título Año Título Tomo Folio Asiento Partida Ficha Huambra Cocha Nueva Yarina Limón Cocha Puerto Chingana Puerto Requena Musa Karusha Puerto Unguri Nuevo Mambuyacu Huancayo Nueva Alianza de Huacamayo Nuevo Aríca Nuevo Tinajayo Progreso de Nucuray Pucallpa San Fernando San Jorge Unión Unión Barranquita Hotencia Cocha y anexos San Fernando-Chimara-Nuevo Progreso-Nuevo Ucayali Puerto Pijuayal Kushulia anexo Santa Maria 0587-91-AG-DGRA-AR 0161-91-AG 0056-91-AG-DGRA 0086-85-AG-DGRA-AR 00518-84-AG-DGRA-AR 079-94-CTAR-DRA 279-96-CTAR-DRA 363-98-MINAG-DRA 012-97-CTAR-DRA 769-97-CTAR-DRA 277-96-CTAR-DRA 775-97-CTAR-DRA 274-96-CTAR-DRA 278-96-CTAR-DRA 239-96-CTAR-DRA 023-92-GRL-SRAPE- DRRNNMA 083-94-CTAR-DRA 021-92 021-91 018-91 003-85 054-84 439 510 808 525 719 512 723 513 511 505 029-92 441 1992 1991 1991 1985 1984 1994 1996 1998 1997 1997 1996 1997 1996 1996 1996 1992 1994 3 3 3 2 4 3 4 187 51 49 243 445 193 453 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XLIL XV XIV LXII LCXXV LXII LXXIX 6879 9992 7522 7461 6878 7466 7521 6877 6889 para hacerlos dueños sino que se lo “reconoce” el Estado porque son dueños con anterioridad a la propia existencia del Estado. Esta dificultad no se les ha presentado todavía a los Kandozi en ninguna de sus titulaciones pero ha sido habitual a lo largo de los últimos 30 años que la administración difunda directivas locales que luego se han aplicado a nivel general (como la exigencia de titular a un sólo lado del río o la de que una comunidad contara con un mínimo de 50 “asociados” o aquellas que calculaban las áreas agrícolas necesarias por familia para determinar el área a titular). El derecho al reconocimiento de la integridad del territorio ocupado o en uso, contrasta con la reserva con que se procedió a la titulación de los “territorios comunales”, principalmente durante las fases previas a la consolidación de las or-
LA TITULARIDAD y EL TERRITORIO KANDOZI EN LA ACTUALIDAD 155 ganizaciones representativas. Ello ha generado un proceso continuo de sucesivas ampliaciones territoriales en todos los lugares donde se asientan poblaciones indígenas. Y frente a la cada vez más habitual negativa del Estado a proceder a dichas ampliaciones, una serie de “nuevas” comunidades han recabado su reconocimiento y titulación. Estos procesos evidencian la insatisfacción de los pueblos indígenas frente a un procedimiento que tiene por objetivo el fraccionamiento y la reducción de los territorios indígenas, lo que permite dejar intersticios entre los diversos espacios comunales que más tarde, pueden ser las grietas desde donde se quiebre su integridad. En el caso kandozi, la totalidad de las comunidades ha solicitado ampliación y están pendientes de titulación tres nuevas comunidades (Musa Karusha, Nueva Tinajayo y San Jorge) y una más por confirmar (Puerto Unguri). La Constitución del 79 y el DL 22175 garantizaban a la comunidad la inalienabilidad, la inembargabilidad y la imprescriptibilidad de las tierras comunales, de manera que no quedaban fórmulas posibles para que las comunidades perdieran las posesiones territoriales que hubieran logrado garantizar tras la titulación. En el periodo de presidencia de Fujimori, y siguiendo las recomendaciones del FMI, se priorizó el mercado de tierras y se privó a las tierras comunales de dos de sus garantías. Las tierras podrían venderse (alienabilidad) o comprometerse con deudas de cobro coactivo (embargabilidad) con una determinada mayoría en las asambleas comunales. Una vez más se abrían grietas a la integridad territorial sobre la base de la autonomía de las comunidades. Compromisos comunitarios (como habilitaciones u otros malos negocios) podrían obligarles a ceder espacios territoriales en perjuicio de todo el conjunto y de forma irreversible. Por otra parte, una comunidad (un fragmento territorial) que, por la propia dinámica poblacional o por otras causas, esté temporalmente desocupada podría pasar a manos del Estado al perder su imprescriptibilidad según el ambiguo mandato constitucional y el mucho más concreto precepto legal de la Ley de Tierras de 1995. Aunque AIDESEP consiguió ya en 1996 controlar este precepto fujimorista y excluir de la aplicación del abandono a las comunidades, el precepto constitucional sigue amenazando la integridad territorial ya que, habitualmente, grandes áreas territoriales, suelen quedarse en reposo para la salud de los ecosistemas. La manera en que estos obstáculos, limitaciones y recortes constitucionales afectan a cada pueblo en particular, debe ser objeto de estudio para determinar qué tipo de titularidad puede ofrecer las garantías que la Constitución ha dejado de proporcionar. Con territorios poco protegidos se requiere de una titularidad capaz de afrontar todos los nuevos riesgos que afectan a la integridad territorial.
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