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LA TITULARIDAD y EL TERRITORIO KANDOZI EN LA ACTUALIDAD
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ganizaciones representativas. Ello ha generado un proceso continuo de sucesivas
ampliaciones territoriales en todos los lugares donde se asientan poblaciones indígenas.
Y frente a la cada vez más habitual negativa del Estado a proceder a dichas
ampliaciones, una serie de “nuevas” comunidades han recabado su reconocimiento
y titulación.
Estos procesos evidencian la insatisfacción de los pueblos indígenas frente a
un procedimiento que tiene por objetivo el fraccionamiento y la reducción de los
territorios indígenas, lo que permite dejar intersticios entre los diversos espacios
comunales que más tarde, pueden ser las grietas desde donde se quiebre su integridad.
En el caso kandozi, la totalidad de las comunidades ha solicitado ampliación
y están pendientes de titulación tres nuevas comunidades (Musa Karusha, Nueva
Tinajayo y San Jorge) y una más por confirmar (Puerto Unguri).
La Constitución del 79 y el DL 22175 garantizaban a la comunidad la inalienabilidad,
la inembargabilidad y la imprescriptibilidad de las tierras comunales, de
manera que no quedaban fórmulas posibles para que las comunidades perdieran
las posesiones territoriales que hubieran logrado garantizar tras la titulación. En
el periodo de presidencia de Fujimori, y siguiendo las recomendaciones del FMI,
se priorizó el mercado de tierras y se privó a las tierras comunales de dos de sus
garantías. Las tierras podrían venderse (alienabilidad) o comprometerse con
deudas de cobro coactivo (embargabilidad) con una determinada mayoría en las
asambleas comunales.
Una vez más se abrían grietas a la integridad territorial sobre la base de la
autonomía de las comunidades. Compromisos comunitarios (como habilitaciones
u otros malos negocios) podrían obligarles a ceder espacios territoriales en
perjuicio de todo el conjunto y de forma irreversible.
Por otra parte, una comunidad (un fragmento territorial) que, por la propia
dinámica poblacional o por otras causas, esté temporalmente desocupada podría
pasar a manos del Estado al perder su imprescriptibilidad según el ambiguo
mandato constitucional y el mucho más concreto precepto legal de la Ley de Tierras
de 1995. Aunque AIDESEP consiguió ya en 1996 controlar este precepto fujimorista
y excluir de la aplicación del abandono a las comunidades, el precepto
constitucional sigue amenazando la integridad territorial ya que, habitualmente,
grandes áreas territoriales, suelen quedarse en reposo para la salud de los ecosistemas.
La manera en que estos obstáculos, limitaciones y recortes constitucionales
afectan a cada pueblo en particular, debe ser objeto de estudio para determinar
qué tipo de titularidad puede ofrecer las garantías que la Constitución ha dejado
de proporcionar. Con territorios poco protegidos se requiere de una titularidad
capaz de afrontar todos los nuevos riesgos que afectan a la integridad territorial.