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150 ANTROPOLOGIA DE UN DERECHO - LIBRE DETERMINACION TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS como derecho humano Cuadro 5 - Comunidades y extensión Comunidad Huambra Cocha Nueva Yarina Limón Cocha Puerto Chingana Puerto Requena Musa Karusha Nuevo Mambuyacu Huancayo Nueva Alianza de Huacamayo Nuevo Aríca Nuevo Tinajayo Progreso de Nucuray Pucallpa San Fernando San Jorge Unión Unión Barranquita Hortensia Cocha Puerto Pijuayal Kushulia anexo Santa Maria TOTAL Río Lago Huambra Cocha Río Charupi Río Chapulli Quebrada Pirumba Quebrada Chuinda Río Pastaza Río Ungurahui Río Nucuray Quebrada Huacamayo Río Nucuray Río Zancudo Río Nucuray Río Nucuray Río Nucuray Río Nucuray Río Nucuray Río Nucuray Río Huitoyacu Río Huitoyacu Río Manchari Año Titulación 1992 1991 1991 1985 1984 1994 1996 1998 1997 1997 1996 1997 1996 1996 1996 1992 1994 N° Resolución Titulación 0587-91-AG-DGRA-AR 0161-91-AG 0056-91-AG-DGRA 0086-85-AG-DGRA-AR 00518-84-AG-DGRA-AR 079-94-CTAR-DRA 279-96-CTAR-DRA 363-98-MINAG-DRA 012-97-CTAR-DRA 769-97-CTAR-DRA 277-96-CTAR-DRA 775-97-CTAR-DRA 274-96-CTAR-DRA 278-96-CTAR-DRA 239-96-CTAR-DRA 023-92-GRL-SRAPE- DRRNNMA 083-94-CTAR-DRA Extensión total demarcada 9.132,00 43.609,38 7.050,00 1.465,00 6.964,15 6.303,62 3.109,25 5.500,00 4.234,445 8.223,875 4.604,33 11.719,25 4.583,70 3.805,30 60.265,87 44.000,00 9.519,50 234.089,68 Extensión Titulada en propiedad 8.266 75 37.935,00 3.450,00 1.465,00 5.744,15 5.749,87 2.420,45 3.771,63 3.394,31 4.926,62 3.629,10 8.291,12 3.796,20 3.133,51 54.438,16 28.000,00 8.272,00 186.683,91 dad de uso mayor es forestal, los bosques y todos los componentes de la flora silvestre, cualquiera que sea su ubicación en el territorio nacional. Aunque, en términos prácticos, los comuneros kandozi se consideraron siempre como propietarios reconocidos de todo el territorio demarcado (y el no demarcado a decir verdad), sin embargo, la modificación al DL 20653, de 1974 que reconocía la propiedad plena sobre todo el territorio, puede ser utilizado de manera peligrosa y así se ha comprobado en numerosas ocasiones que no es del caso mencionar aquí. 41 41 Otras normas posteriores han aprovechado las posibilidades expropiadoras que ofrece el Art. 11º del DL 22175. Así la “Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”, Ley 26821, discrimina el derecho de aprovechamiento de los recursos naturales si se trata o no de tierras “debidamente tituladas” de comunidades nativas y campesinas (Art. 18º).
LA TITULARIDAD y EL TERRITORIO KANDOZI EN LA ACTUALIDAD 151 El Artículo 11º del DL 22175 es un elemento de inseguridad jurídica que desnaturaliza la esencia del derecho de los pueblos indígenas a su territorio, incluso cuando ese derecho haya sido fragmentado en retazos comunales. Se utiliza un criterio técnico, la clasificación de uso de los suelos, para expropiar áreas del territorio indígena, una de cuyas características constitucionales es el ser autónomas en el uso de sus territorios. Pero es que, además, el procedimiento deviene ficticio en la mayoría de los casos. Las tierras comunales no se clasifican sino es, desde hace poco tiempo, en base a cartas nacionales y la mayor parte de los títulos kandozi nunca fueron objeto de una clasificación de suelos in situ. Para remate, esta fingida clasificación, que suele alargar los trámites de la titulación al multiplicar los entes del Estado a cargo del proceso, no se materializa en un contrato de cesión en uso más que en contadas ocasiones. Además de esta exclusión de los suelos forestales (que de atenerse a la realidad comprenderían el 98% de los suelos amazónicos de acuerdo a los informes del único ente estatal que hizo verdadera clasificación de suelos, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), se excluyen de la propiedad: • Las áreas de protección (cerros, laderas, etc.): zonas que acostumbran a ser áreas culturalmente protegidas para la mayor parte de los pueblos indígenas, que son refugio primordial de la fauna y que incluyen todas las fuentes de agua y las cataratas de uso ritual. En qué concepto se integran estas áreas a la demarcación comunal (en administración, en uso) no se ha precisado aún. • Las islas, los barrizales y las riberas: es decir las únicas tierras con verdadero valor agrícola en los territorios indígenas, son excluidas completando el absurdo y la irracionalidad del sistema (se otorgan en propiedad para uso agropecuario áreas que son mayormente forestales pero clasificadas como agropecuarias a través de supuestas mediciones arbitrarias y se excluyen las mejores áreas agrícolas de las comunidades). Además los territorios, incluso las áreas en propiedad, pueden estar sujetos a servidumbres obligatorias, derechos de vía u otros necesarios para el paso o la operación de otros agentes económicos. Esta ley, además, estableció un concepto preocupante, que fue el de “preferencia” de las comunidades para el aprovechamiento de los recursos naturales de sus tierras. Sin embargo, el reglamento de la vigente Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308, al referirse al aprovechamiento de los bosques comunales precisa que no se trata de un derecho preferente sino exclusivo, en estos términos: “en consecuencia cualquier aprovechamiento sólo procede a expresa solicitud de tales comunidades” (Art. 148º). Con esto disipa las dudas y tentaciones de los funcionarios para otorgar la explotación de bosques comunales. Sin embargo, por su parte, esta ley discrimina claramente los derechos de un pueblo indígena sobre los “bosques territoriales”, que la ley desconoce, y los “bosques comunales” otorgando derechos exclusivamente sobre “territorios comunales debidamente reconocidos”.
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