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CONCLUSIONES Y ACCIONES
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• ¿Qué titular o qué titulares o qué combinación de los mismos, y con que
atribuciones, constituiría un modelo apropiado para conducir esa territorialidad
d) Una vez definidos estos puntos la pregunta que surge es. ¿Ese modelo reestructurado
es viable ¿Lo es a nivel interno ¿Lo es a nivel político ¿Lo
es a nivel legal ¿Y cuáles serían las estrategias a diseñar ¿Qué rutas jurídicas
podrían activarse ¿Cuál sería el rol de las organizaciones indígenas
a cada nivel
e) Por último, y es éste el tema fundamental: independientemente de su viabilidad
¿No es un tema de relevancia política suficiente como para encararlo
¿No es un reto político de primer orden enfocar este tema con seriedad,
con argumentos convincentes extraídos de la realidad y del conocimiento
de cada caso concreto
Responder a estas preguntas es afrontar el futuro de cada pueblo con responsabilidad
propia. Se trata de definiciones que no competen al Estado sino a cada
pueblo. El Estado luego podrá avalarlas o no (posiblemente no lo haga) pero no
son los Estados de los países los que deben definir unilateralmente la estructura
territorial o la titularidad de un pueblo indígena.
La inquietud por la autodefinición de la territorialidad y de la titularidad es
oportuna por cuanto responde a un reto del momento. Por vez primera la libre
determinación de los pueblos ha sido reconocida en el marco debido: esto es, el
de Naciones Unidas, un marco antes exclusivo de los Estados. Los pueblos indígenas
son ahora sujetos de derecho internacional independientemente de la manera
en que eso se entienda en los países en que hoy se ubiquen. Desde el punto
de vista del territorio, la libre determinación tiene una cara subjetiva (la titularidad)
y una cara objetiva (la territorialidad), y ambos deben ser revisados a la luz
de la nueva Declaración.
La libre determinación se define como un derecho de los pueblos, ahora también
de los pueblos indígenas, a determinar libremente su condición política y
utilizar libremente sus recursos territoriales, definidos por el derecho internacional
(para el caso de los pueblos indígenas) como aquel que tradicionalmente han
poseído y de utilizarlos de acuerdo con sus prácticas, sistemas de tenencia y normas
internas.
Entonces, un estudio participativo de cada pueblo indígena acerca de cómo
determinan lo que debe ser hoy su territorialidad y de cómo se expresa hoy su
titularidad es un ejercicio de autodeterminación que más allá de cualquier objetivo
concreto de reconocimiento estatal contiene un objetivo en sí mismo: definir
su propia condición política y la de su territorio, definiciones que los Estados
deben llegar a respetar.
Como es posible que muy pocos Estados lleguen, por su propia iniciativa, a
implementar la Declaración en los temas que enuncia, este tipo de procesos se