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ANTROPOLOGIA DE UN DERECHO - LIBRE DETERMINACION TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS como derecho humano
de los Registros Públicos (SUNARP). Pero más tarde nuevas normativas de la
SUNARP, ignorando el informe defensorial y en línea con el inconstitucional artículo
del Código Civil, dispusieron que se requería un “Acta de constitución”,
un Estatuto y un pago para poder reinscribir las comunidades en los Registros
Públicos y así tener operatividad jurídica. Estas exigencias, a comunidades con
hasta 30 años de constituidas y con títulos a su nombre, resulta desconcertante y
crea un limbo legal para muchas comunidades que fácilmente pueden ver impugnados
los derechos que adquirieron previamente a “su constitución”.
Un problema adicional es la negativa frecuente de la burocracia estatal a aceptar
el reconocimiento de las comunidades, especialmente si éstas pueden resultar
un obstáculo para cualquier otro tipo de intereses ya que, en su jerarquía de prioridades,
las comunidades indígenas no ocupan lugar (de hecho, en los últimos
expedientes denegados a las comunidades del río Nanay, la negativa se hace en
apoyo de pequeños agricultores mestizos que pretenden instalarse en tierras indígenas).
Al negar el sujeto jurídico, bajo la lógica del Código Civil, buscan impedir
que éste active sus derechos territoriales, que pueda ser reconocido como titular
de derechos.
Como puede verse, la “comunidad nativa”, independientemente de su propia
capacidad para describir la titularidad de los derechos colectivos indígenas, está
a expensas de la normativa administrativa, lo que la convierte en una institución
muy vulnerable y frecuentemente vulnerada.
Estas comunidades cuentan con un sistema complejo de autoridades que no
están debidamente articuladas:
• El sistema dual de autoridades tradicionales; el de mayor peso a nivel interno.
• Un sistema “oficial” de autoridades; con una fórmula recomendada por el
DS 003-79-AA y que responde a la estructura clásica de: asamblea general,
junta directiva y un representante legal (llámese jefe, presidente, apu, kuraka,
etc.), que concentra el poder y la titularidad oficial frente al exterior.
La “presidencia” suele estar vinculada con el grupo local asentado en el
llamado “centro” o “capital” de la comunidad nativa reconocida por el
Estado.
• Una réplica de ambos sistemas a nivel de cada grupo local que se ha autoreconocido
como comunidad o como anexo, aún sin contar con ningún
reconocimiento oficial y, en muchos casos, en contra de la voluntad del
propio “centro”.
• Una serie de otros sistemas de autoridades conectados a organismos externos,
ya sean las organizaciones políticas representativas, los servicios estatales
de educación y salud, las municipalidades, las gobernaciones, el poder
judicial o las iglesias.