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CONCLUSIONES Y ACCIONES
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– Actas de determinación de límites con pueblos vecinos
– Plan de vida
– Estatuto constitucional
– Otras informaciones de utilidad de acuerdo a requerimientos externos
y ruta jurídica elegida (censos, planos comunales, resoluciones de inscripción,
etc.); asimismo el pueblo indígena puede aprovechar la oportunidad
para poner bajo protección determinado tipo de información
(identificación de recursos patrimoniales, conocimientos colectivos,
proyecciones económicas, etc.)
• Búsqueda de rutas jurídicas apropiadas e iniciativa legal alternativa
Junto a estos trabajos, que competen a cada pueblo indígena y a sus organizaciones
regionales, es necesario contemplar diversas acciones que competen
a las organizaciones de nivel estatal del movimiento indígena. Principalmente:
– Análisis legal de posibilidades dentro del marco legislativo actual
– Análisis comparativo de legislación regional
– Ubicación de problemas legales en los marcos normativos disponibles
– Análisis y propuesta de rutas jurídicas alternativas
– Propuestas de cambios normativos a diferente nivel (Constitución, Leyes,
Resoluciones, etc.)
– Coordinaciones con otras organizaciones nacionales para impulsar la
implementación en los ordenamientos nacionales de la Declaración de
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas así como del
Convenio 169
– Coordinaciones con la sociedad civil
– Difusión y publicidad de los operativos de autodeterminación terminados
– Control de la normativa sobre leyes o políticas que puedan obstaculizar
o impedir de manera irreversible la autodeterminación territorial.
– Acciones legales en judicatura nacional o internacional
Es decir, acciones encaminadas a viabilizar política y jurídicamente cada
propuesta de autodeterminación y el conjunto de todas ellas.
• Gestión de los expedientes
La tarea de presentar los expedientes y gestionarlos en conformidad con la
ruta jurídica elegida es tarea técnica pero que debe estar acompañada por