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generalizaciones a partir de la territorialidad y titularidad kandozi
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Por otro lado, la fusión de propiedades está prevista como una figura corriente
en el Código Civil. Más específicamente el Decreto Supremo nº 008-91-tr, Reglamento
de la Ley General de Comunidades Campesinas, en su capítulo II trata
de la fusión de comunidades, incluyendo la integración de sus territorios y de sus
respectivas personas jurídicas con un simple acto de decisión de cada comunidad.
Si bien es norma aplicable a comunidades campesinas no sería difícil buscar
su aplicabilidad a las comunidades nativas ya que su normativa fue muy anterior
y se trata de instituciones sociales reguladas de manera común por la Constitución.
Siguiendo esa misma lógica, la normativa de las comunidades campesinas
da un concepto de territorio que incluye lo titulado y lo que no es titulado pero
está en posesión de la comunidad. Dado que la norma que define los indicadores
de posesión en el caso de comunidades nativas es el DL 22175, con criterios muy
amplios, esta ruta jurídica podría ser utilizada con provecho.
En cualquier caso cualquiera de estas alternativas nos proporcionaría la fusión
de territorios y personerías en una sola mano, pero seguiría manteniendo
algunas de las limitaciones del DL 22175. Principalmente estaríamos en el mismo
punto respecto a las áreas territoriales aún no tituladas y el sujeto titular estaría
condicionado por las mismas exigencias formales que las que afectan a cada comunidad,
con el riesgo adicional que supone la excesiva concentración de la titularidad
en un solo sujeto jurídico.
Por otra parte hay que recordar que en algunos casos puede ser conveniente
resguardar áreas territoriales como Reservas Comunales, una figura única en el
panorama normativo de las Áreas Protegidas que además fue impulsado en gran
parte por el propio movimiento indígena. Hoy se produce un rechazo generalizado
contra estas Reservas por los desencuentros mantenidos entre funcionarios
públicos y organizaciones indígenas respecto a su administración. Pero no dejan
de ser una posibilidad de controlar áreas aún no tituladas y sus consecuencias
negativas no son irreversibles como sí lo serían las que se producirían en caso de
introducirse terceros en esas mismas áreas.
La figura más peligrosa es la de Tierras Libres del Estado porque es ahí donde
realmente podemos encontrarnos con sorpresas. Ya Fujimori quiso subastarlas y
ahora el APRA ha pasado un Proyecto de Ley cuyo objetivo es venderlas a cualquier
inversor interesado. Algo que no es más que la tónica permanente de las
relaciones de los gobiernos nacionales con la Amazonía como puede verse en la
literatura especializada. 42
Junto con las rutas jurídicas que ofrece el derecho agrario existen una serie de
otras posibilidades de acción que dependen de las circunstancias y la creatividad
de cada pueblo. En el caso de estudio se ha podido comprobar cómo la protección
del lago sagrado de Musa Karusha se ha conservado, al menos temporalmente
mientras se encuentre otro mecanismo legal, por la vía administrativa mediante
42 García Hierro, P. 1995 Territorios indígenas y la nueva legislación agraria en el Perú. Lima: IWGIA.