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LA TITULARIDAD y EL TERRITORIO KANDOZI EN LA ACTUALIDAD
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Mientras que en otros pueblos todas estas esferas del poder local están más
distribuidas, en el caso kandozi es frecuente que un grupo local determinado
ostente la autoridad tradicional (en conjunto con sus cuñados), la autoridad oficial
y la mayoría de los cargos correspondientes a los servicios del Estado y las
delegaciones municipales.
Es ésta una distorsión de los sistemas políticos tradicionales originada en el
propio desequilibrio de poderes que introduce la estructura comunitaria.
Pero la formalización de la comunidad nativa no sólo da lugar a estas distorsiones.
Su funcionamiento regular exige una serie de requisitos y operaciones
burocráticas que nada tienen que ver con la realidad del mundo kandozi y que,
más apremiantes cada día, van generando una sensación de caos y desvalimiento
que podría ser aprovechado por cualquiera que se interese en sus recursos. Existe
un tremendo vacío en la información relativa a temas legales, sobre todo en
aspectos relacionados con el propio funcionamiento de la comunidad como una
entidad jurídica, que puede llegar a generar graves problemas.
Aunque CORPI, la organización regional y AIDESEP, proceden periódicamente
a la capacitación para el desarrollo organizativo, estos asuntos están fuera
de los usos y costumbres y, aunque se reconoce su importancia, no está en la cultura
kandozi este tipo de modelo formal de funcionamiento político.
A modo de ejemplo, veamos algunos problemas de las “comunidades nativas”
kandozi constatados durante la investigación:
• La elección de las autoridades: es un suceso, no tradicional, pautado por
ley y por reglamentos muy minuciosos; para su validez se exige cabal
cumplimiento de lo dispuesto por el Código Civil, las normas de la
SUNARP y las del propio Estatuto comunal, debidamente inscritos.
El sistema electoral no tiene nada que ver con las estructuras políticas kandozi y,
por supuesto, toda la mecánica electoral formal (esquelas de preaviso, orden del
día preanunciada, quórum, listas, etc.) les resulta ajena. Entonces las elecciones se
realizan pero a su modo, un modo que la administración estima inválido.
• La renovación registral de las autoridades: cada vez que se elige o se renueva
una nueva autoridad, esta debe inscribirse en los Registros Públicos,
lo que supone un viaje hasta Yurimaguas, con fuerte costo, y una serie
de actos que deben constar en Libros debidamente manejados.
El resultado de estas dificultades, junto con la mencionada en el punto anterior,
es que las Juntas Directivas no están legalizadas y no hay inscripción de las autoridades
desde hace muchos años, lo que les deslegitima en muchos escenarios
(como, por ejemplo, en todo lo relativo al ámbito judicial).