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216 C. VARGAS LEÓN
derechos humanos, y cuenta con un alto nivel de aprobación entre la
población (IEP 2001). En ese sentido, nuestro análisis es más que
prospectivo, puesto que no sólo señalamos posibilidades futuras
basadas en indicios presentes, sino que estudiamos las instancias
descentralizadas actualmente existentes. La descentralización como
un valor, como un principio tendencial de organización, necesita
esencialmente de legitimidad. En ese sentido, las instancias descentralizadas
de la Defensoría son las que cuentan con un alto nivel de
legitimidad en comparación con otras instancias del Estado.
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA AGENDA POLÍTICA
En el Perú, la debilidad institucional del Estado se expresa en el precario
alcance territorial y funcional de la ley. La efectividad del orden
nacional encarnado en la ley y en la autoridad del Estado se desvanece
no bien nos alejamos de los centros urbanos.
Esta debilidad institucional del Estado se refleja en el desarrollo
de prácticas no democráticas de relaciones de poder, como el personalismo,
el prebendismo y el clientelismo, lo cual ha determinado
que en diferentes partes del país se desarrollen fuentes alternativas
de poder, no del todo desligadas del centro nacional, pero que tienen
legítima presencia cuando la debilidad del centro es evidente.
Estas prácticas autoritarias no favorecen el proceso de institunalización
de la democracia y el desarrollo de un sistema de partidos
estable, y llegan incluso a debilitar el precario Estado de Derecho, en
el sentido de que no se respeta la autonomía de las instituciones del
Estado y no se permite el ejercicio de la rendición de cuentas, tanto
en forma vertical como horizontal. Es decir, la falta de institucionalización
del Estado favorece el surgimiento de prácticas políticas
autoritarias y de escenarios de desprotección ciudadana.
Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos
coinciden en señalar que la crisis de la democracia que vivió el país
en la década anterior fue consecuencia de la inseguridad jurídica, de
la ausencia de un Estado de Derecho que le dé estabilidad, una situación
que ha hecho que el conjunto de los derechos humanos de los
ciudadanos se encuentre des protegido. En la década anterior todas
las instituciones a las cuales el ciudadano debía acudir en defensa de
cualquier abuso de poder estuvieron intervenidas o influenciadas