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4 / LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 239
(por el matiz populista del anterior gobierno). El Estado no está del
todo ausente, pero su relación con la ciudadanía no es de proteger
sus derechos de manera igualitaria sino distributiva, en el sentido de
que la presencia del Estado deja de ser proteccionista y ahora es fundamentalmente
asistencialista, más cercano a los sectores sociales
que apoyan al gobierno de turno.
A fines de la década del noventa, las organizaciones estatales
con mayor presencia en la región eran las vinculadas con labores asistencialistas,
como el CTAR, FONCODES, PRONAMACHS, PRONAA,
la Dirección Regional de Educación y el Ministerio de Salud, y la
SUNAT con funciones sancionadoras. Junto a ellas tenemos a la Defensoría
del Pueblo, una de las instituciones con mayores niveles de
aprobación en términos de visibilidad y efectividad, aunque esto no
llega a ser óptimo (IEP 2001). 2
El alto nivel de aprobación que tiene la Defensoría del Pueblo es
un indicador de la legitimidad de esta institución estatal en su labor
de defensa y promoción de los derechos humanos en la región.
El trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo en Ayacucho
en los últimos años ha estado definido por un conjunto de temas y problemas
de solución legal por parte del Estado, pero de cuyo diagnóstico
las ciencias sociales se han ocupado tardíamente.
En este punto me gustaría desarrollar lo que entienden los funcionarios
de la Defensoría por derechos humanos. La Constitución de
1993 señala como atribución de la Defensoría del Pueblo la defensa
de los derechos fundamentales y constitucionales de la persona (a la
vida, la integridad y la libertad). El tema de los derechos humanos en
la región se reduce a estos derechos fundamentales en la medida que
aún son los más vulnerados. La población todavía no asume que el
derecho a la educación y la salud son derechos humanos. La Defensoría
los protege pero no dentro del área de derechos humanos, sino en
las áreas de administración estatal y servicios públicos.
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2. En las últimas elecciones generales, la población criticó las prácticas ejercidas
por el fujimorismo para la reelección, como el uso de la infraestructura estatal.
En ese sentido, la imagen de la Defensoría del Pueblo se vio comprometida
debido al aprovechamiento de sus redes de trabajo por parte de ex funcionarios
e integrantes de la agrupación política Causa Democrática, dirigida por el ex
defensor del pueblo.