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220 C. VARGAS LEÓN
te al Estado. En esta función de intermediación, llena un vacío entre
la soledad del ciudadano y el desproporcionado poder de la administración
pública e incluso de las fuerzas del mercado, permitiendo un
mayor acercamiento a favor de la tutela de los derechos humanos y
de la fiscalización social de los excesos u omisiones del poder estatal
y del mercado.
Durante el período de transición democrática se ha hecho más
evidente el papel de mediación que cumple la Defensoría del Pueblo.
En su intento de convertirse en un puente entre el ciudadano y el
Estado, la institución ha logrado hacer de la persuasión uno de sus
más importantes instrumentos para corregir o cambiar la actuación de
la administración estatal y de las entidades prestadoras de servicios
públicos.
La Defensoría del Pueblo es una institución que busca solucionar
los conflictos y problemas que conozca mediante el convencimiento,
pero ciertamente está lejos de la rigidez de los conceptos teóricos de
mediación, conciliación y arbitraje. Estos últimos, son mecanismos
alternativos de solución de controversias que parten de un principio
fundamental, esto es, la absoluta imparcialidad de quien los dirige.
En cambio, la Defensoría del Pueblo asume una posición a favor del
ciudadano frente al Estado, pero en un marco de legalidad y ética.
Por tanto, es necesario hacer una precisión cuando decimos que
la Defensoría del Pueblo tiene una función mediadora. Esta noción no
responde al concepto que le atribuye la doctrina, en tanto no es un
medio para llegar a un acuerdo consensual con la ayuda de un tercero
sin facultades para dar propuestas de solución; más bien, la
Defensoría del Pueblo evalúa los hechos, solicita información de ambas
partes, establece los argumentos jurídicos y éticos y emite recomendaciones,
exhortaciones y propuestas a la administración estatal,
con el fin de que no se vean afectados los derechos de los ciudadanos
y ciudadanas.
En ese sentido, su papel mediador se podría confundir a primera
vista con la conciliación, pues puede presentar propuestas de solución
al conflicto sin que sean vinculantes para las partes. Sin embargo,
como hemos dicho antes, la institución no aparece como un tercero
imparcial, sino que actúa en favor del ciudadano (Defensoría del
Pueblo 2001).