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4 / LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 227
LA OFICINA REGIONAL CON SEDE EN AYACUCHO
La oficina regional con sede en Ayacucho fue la segunda en crearse.
Inicia sus actividades en febrero de 1997. Está a cargo de la doctora
Rocío Vargas, quien asumió interinamente el cargo el 1 de abril del
2001. Tiene competencia en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica,
y las provincias de Andahuaylas, Chincheros y Aymaraes
del departamento de Apurímac.
En la oficina regional se encuentra la sede del Programa de Protección
a Poblaciones Afectadas por la Violencia Política (PPPAV) de la
Defensoría del Pueblo, también creado en 1997 y cuyo ámbito de acción
comprende los de la oficina regional de Ayacucho y Huancayo.
Para brindar una adecuada protección a cada vez mayores sectores
de la población en todo el país, la Defensoría del Pueblo ha desarrollado
diversas modalidades de atención descentralizada: oficinas
regionales, oficinas descentralizadas, módulos de atención y equipos
itinerantes o móviles. De esta manera, la Defensoría del Pueblo intenta
acercarse a los ciudadanos allí donde ellos se encuentran.
A través de las modalidades de atención señaladas, el defensor del
pueblo delega funciones en sus representantes, comisionados y
promotores, de manera que las quejas y consultas de los ciudadanos
pueden ser atendidas y resueltas allí donde se presentan.
La primera impresión que tuvo la actual representante defensorial
al asumir la dirección de la oficina regional de Ayacucho, fue comprobar
la existencia de un grupo humano bastante compacto, la mayoría
de ellos contratados entre 1998 y 1999, cada uno de los cuales
entendía su trabajo como algo particular y no tan entrelazado con las
otras áreas de la oficina regional. Más aún teniendo en cuenta que
cada área de trabajo esta dirigida por un comisionado.
La actual representante señala que a nivel grupal se estaban creando
intereses regionales propios y autónomos, que se distanciaban y
diferenciaban de los de la oficina central. Se asumían todas las normas
y valores defensoriales desde una perspectiva regional. Esto tiene
efectos positivos y negativos, porque no se pierde de vista la realidad
sobre la cual se actúa, pero se crean aislamientos respecto de
otras entidades defensoriales también competentes.
Una observación a tener en cuenta sobre el trabajo institucional es
la distinción bastante clara que existe entre oficina regional y programa.
El programa tiene líneas de trabajo y un plan operativo distinto.