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218 C. VARGAS LEÓN
víctimas de amenazas y acusaciones por parte de la subversión y el
gobierno. La subversión acusa a los defensores de los derechos humanos
de trabajar de acuerdo con las estrategias de contrainsurgencia
del gobierno y el "imperialismo". El gobierno acusa a los defensores
de los derechos humanos de silencio y complicidad con el terrorismo.
Es en este contexto que se conforman y se desarrollan las actividades
de la Defensoría del Pueblo.
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN EL PERÚ
Funciones y competencias
La Constitución de 1993 introdujo en nuestro ordenamiento jurídico
a la Defensoría del Pueblo como un organismo constitucional autóno-
mo. Esta institución recién entra en funcionamiento en abril de 1996
con la elección de Jorge Santistevan de Noriega como primer defensor
del pueblo. 1
El antecedente legislativo más importante se encuentra en la
Constitución de 1979, norma que le otorgaba al Ministerio Público
algunas funciones de defensoría del pueblo ante la administración
pública. Su titular era el Fiscal de la Nación. En abril de 1989 se crean
las fiscalías especiales encargadas de los asuntos de la Defensoría del
Pueblo y derechos humanos, una de las cuales funcionó en Ayacucho.
El problema al respecto fue la falta de autonomía de esta institución,
puesto que resultaba inconveniente que el órgano estatal titular
de la acción penal y acusador por antonomasia fuese, simultáneamente,
el encargado de la defensa de los derechos de los ciudadanos.
De ahí que el Congreso Constituyente Democrático de 1993 plan-
teara la necesidad de crear la Defensoría del Pueblo como una institución
independiente del Ministerio Público. Así quedó plasmado en
los artículos 161 y 162 de la Constitución vigente.
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1. Jorge Santistevan renuncia al cargo del defensor del pueblo, ante la Presidencia
del Congreso de la República, el 27 de noviembre del 2000, En cumplimiento del
Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, se encomendó
al primer adjunto al defensor del pueblo, Walter Albán Peralta, las funciones
de defensor del pueblo hasta que el Congreso de la República designe al
nuevo titular de la institución y éste asuma las funciones correspondientes.