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100 L. HUBER, K. APEL, J. I. CARO, L. CASTILLO, E. QUINTEROS, H. RODRÍGUEZ
cho más sobre el tema que nosotros, sino sólo añadir ―o recalcar―
algunos aspectos que, en la situación específica de Ayacucho, nos
parecen importantes. Ello quiere decir que no es intención del presente
documento exponer los remedios específicos a los grandes problemas
del centralismo en Ayacucho sino, más bien, abrir la discusión respecto
a los caminos que han de seguirse. Evidentemente, las medidas
concretas a tomar deben ser materia de discusión en el ámbito de un
foro más amplio.
Dada la situación que hemos descrito, es evidente que un gobierno
regional no puede limitarse a administrar los recursos que le transfiere
el gobierno central, porque eso sería recaer en el "desarrollismo"
que caracterizó al mandato de Fujimori. Hay, por cierto, una serie de
medidas administrativas indispensables para lograr una mayor
eficiencia en un gobierno regional, como la reforma del sistema de
reclutamiento de los funcionarios públicos o la creación de una capacidad
local. Sin embargo, para sostener los esfuerzos descentralistas
que probablemente se producirán con el nuevo gobierno, a nuestro
parecer lo más urgente es superar la fragmentación política y social.
Es decir, crear la cultura política que Burki et al. consideran decisiva
para el éxito de la descentralización:
Hemos aprendido que incluso el mejor conjunto de reglas intergubernamentales
tiene escaso efecto si no es coherente con la cultura
política. Una descentralización exitosa requiere mucho más que sólo
buenas reglas. [...] Un sistema no puede depender de políticos altruistas
o de una ciudadanía en constante alerta para intervenir cada vez que sus
intereses se vean amenazados (Burki et al. 1999: 7).
La creación de institucionalidad es una de las tareas más urgentes
para la viabilidad política y administrativa del país. El gobierno de
Fujimori, bajo su modalidad de "democracia directa" que eliminaba
la intermediación entre el gobierno central y la sociedad, ha debilitado
aún más a las instituciones, en sí ya bastante deficientes. Una de las
consecuencias de la debilidad institucional es la organización de la
política y de la administración pública en función a personas y no a
programas e instituciones.
La institucionalidad de los organismos públicos supone la igualdad
de oportunidades para acceder a los servicios públicos, sin
considerar la persona. La realidad, sin embargo, es diferente. En Ayacucho,
como en todo el país, predomina el clientelismo y los funcio-