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234 C. VARGAS LEÓN
ha continuado con el Programa de Protección Itinerante visitando las
provincias y distritos más alejados para atender los problemas de la
población allí donde se presentan, así como trazando rutinas de prevención,
realizando visitas a cuarteles, centros juveniles, penales y
comisarías, sin descuidar la labor de difusión a fin de promover una
cultura de la reclamación que impulse adecuadamente la maquinaria
estatal.
Es importante destacar la persistente actuación defensorial en defensa
de los derechos a la integridad personal (ante torturas y tratos
crueles o inhumanos), a la libertad personal (ante detenciones arbitrarias
y reclutamientos forzados), al debido proceso (ante dilaciones
indebidas en el juzgamiento y en las investigaciones policiales), de
las personas con discapacidad (básicamente en torno a la educación)
y a la seguridad ciudadana (formulando propuestas de trabajo interinstitucional
en torno al problema del pandillaje).
El contexto institucional cambia con el nuevo régimen político.
Se da una modificación sustancial en lo que respecta al tratamiento
gubernamental de la problemática de los derechos humanos. En efecto,
a partir de la instalación del gobierno transitorio del presidente
Valentín Paniagua, se realizan esfuerzos por reinstitucionalizar el
Estado de Derecho en el Perú. Es así que por Resolución Legislativa
N.°27401, publicada el 18 de enero del 2001, el Perú retorna a la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana de San José de Costa
Rica, y mediante Resolución Suprema N° 564-2000-RE publicada el
6 de diciembre del 2000, se suscribe el Estatuto de Roma para la
creación de la Corte Penal Internacional. Posteriormente, el 8 de enero
del 2001, se suscribe también la Convención Americana sobre Desaparición
Forzada de Personas. Estos y otros hechos, sumados a la
restitución de los magistrados destituidos del Tribunal Constitucional
en las postrimerías del régimen pasado, han contribuido a generar
un ambiente favorable para atender la problemática de los derechos
humanos en el país.
En este nuevo régimen de apertura democrática no se han presentado
casos que vulneren el derecho a la vida. Sin embargo, no ha
desaparecido la preocupación sobre las condiciones en las que se
producen algunas detenciones policiales y las garantías de seguridad
para quienes prestan el servicio militar; sobre la falta de independencia
y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público frente al
Poder Ejecutivo, la provisionalidad de los magistrados y la injerencia