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4 / LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 241
la población entienda la necesidad de respetar los canales institucionales
para realizar determinada gestión.
En las zonas afectadas por la violencia política, sin embargo, se
evidencia un lento proceso de restitución de la institucionalidad estatal.
En los últimos años del régimen anterior, se puso en evidencia el
escaso apoyo a la población afectada por la violencia y la poca presencia
estatal en líneas generales, aunado a ello los problemas de abu-
so de autoridad y corrupción de funcionarios. Como consecuencia, se
tiene un sentimiento generalizado de desconfianza hacía las instituciones
estatales.
Los problemas de violación a los derechos humanos, como las
detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales entre otros,
han creado un sentimiento de inseguridad y desprotección en la población.
Más aún si a ello agregamos la situación de Estado de Emergencia
en el cual se encontraban en las dos últimas décadas, con la
consiguiente subordinación de los civiles a los militares y la suspensión
de derechos constitucionales en las zonas en conflicto.
Esta situación de desprotección e indefensión aún se mantiene en
zonas donde todavía existen focos subversivos, en las zonas cocaleras
de ceja de selva donde fueron replegados los grupos subversivos.
En el caso de las comunidades que resistieron al conflicto armado,
se evidencia un proceso de recomposición del tejido social, donde
aún es importante la presencia de los organismos asistenciales,
como los clubes de madres y los comités de Vaso de Leche, los comités
de autodefensa, los comités de familiares de los desaparecidos y
las iglesias. La tarea del Programa de Protección a Poblaciones Afecta-
das por la Violencia ha sido fortalecer prácticas democráticas al interior
de estas comunidades a través de charlas y talleres, y constituir a
estos actores en interlocutores válidos ante los organismos públicos.
En ese sentido, busca crear espacios de concertación y evitar una
exclusiva relación asistencial con el Estado. Se ha planteado además
la necesidad de crear sistemas defensoriales, como el existente en el
valle del Mantaro, donde hay iniciativas de atención legal con participación
de estudiantes recién graduados en derecho.