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246 C. VARGAS LEÓN
en cuenta que a consecuencia de la guerra y de las acciones provenientes
tanto de las organizaciones terroristas como de los miembros
de las fuerzas del orden, murieron en el país más de 25000 personas,
desaparecieron más de 4000 y sufrieron otras graves afectaciones a
sus derechos humanos miles de peruanos. Estos hechos y las profundas
heridas sociales que generaron en el país, se encuentran aún presentes,
sobre todo en los familiares de las víctimas, ya que la mayor
parte de las graves violaciones a los derechos humanos no encontraron
justicia y menos aún reparación. A ello se agrega que aún cuando
algunas de estas graves violaciones fueron investigadas e incluso
juzgadas y sancionadas judicialmente, se dictaron leyes de amnistía
que impidieron su esclarecimiento y, en consecuencia el acceso a la
justicia y reparación de las víctimas.
Si bien algunas de las víctimas recurrieron al Sistema Interamericano
de Protección de Derechos Humanos, las sentencias emitidas
por el organismo jurisdiccional de este sistema agotan la atribución
de responsabilidad en el ámbito del Estado, sin derivar de ella responsabilidades
individuales.
Ello resulta insuficiente desde una perspectiva del derecho a la
verdad. Por otro lado, los casos que acceden a la Corte Interamericana
de derechos humanos constituyen un porcentaje mínimo del conjunto
de casos de graves violaciones a los derechos humanos.
En virtud de estas consideraciones, la Defensoría del Pueblo
propone que los objetivos que deben orientar el trabajo de una Comisión
de la Verdad en el Perú, deben ser: a) el esclarecimiento de lo que
sucedió con relación a las graves violaciones a los derechos humanos,
así como la exposición de las causas que las originaron; b) la determinación
de responsabilidades individuales e institucionales sobre
estos hechos; c) la elaboración de propuestas de reconciliación orientadas
a que estos hechos no vuelvan a repetirse; y d) la elaboración de
propuestas de reparación integral que comprendan tanto una indemnización
económica como una reparación moral o dignificación de las
víctimas y sus familiares.
El proceso de pacificación no estará consolidado plenamente
mientras existan sectores de la sociedad que hayan sido agraviados en
sus derechos por la violencia política, y respecto de los cuales el
Estado adeude una respuesta de restitución o reparación.
Sobre el futuro de la Defensoría, Gonzalo Elizondo, director del
Área Instituciones Públicas del IIDH, señalaba hace un par de años