Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

ciudadana en la Administración sanitaria. Ahorabien, una participación orgánica, articulada através de órganos colegiados de carácter estable,dirigida a la formulación de la política sanitariay en el control de su ejecución, que no a la gestiónde las prestaciones. También en esta línea, lasComunidades Autónomas han previsto en sunormativa sectorial principios y mecanismos departicipación ciudadana, como la Ley 6/2002, de15 de abril, de Salud de Aragón, en cuyo artículo2 se recoge, como principio rector, la participaciónsocial y comunitaria en la formulación de lapolítica sanitaria y en el control de su ejecución (48) .Estos son, quizás, los sectores sobre los que másintensamente se ha producido esa democratizaciónsectorial, en la medida en que su normativareguladora ha potenciado la declaración departicipación ciudadana en la conformación delas decisiones públicas, recogiendo en algunoscasos instrumentos innovadores. Ahora bien,esta línea democratizadora también se está dando,aunque con un perfil más bajo, en la normativade otros sectores de la actividad administrativaen los que tradicionalmente la participación hasido ajena a su régimen jurídico (49) .3.4. Un nuevo régimen jurídicopara la participación ciudadanaEn la tradición jurídica española no se ha reguladocon carácter general y unitario el derecho departicipación ciudadana, ni en el ordenamientojurídico estatal, ni en los diferentes ordenamientosautonómicos, existiendo únicamente regulacionesparciales que, como acabamos de ver, contemplaninstrumentos de participación específicos y ensectores concretos.No obstante, esta tradición está siendo objeto deuna sensible revisión en los últimos tiempos en lamedida en que estamos asistiendo a un procesode codificación y juridificación de la participaciónciudadana, basado en las ideas de unificacióny armonización. Ahora bien, dentro de esta fasese observan diferentes opciones regulativas queestán siendo empleadas por aquellas ComunidadesAutónomas que han iniciado una política públicaen la materia, lo que nos permite hablar dediferentes grados de intensidad dentro de eseproceso de juridificación, en función de su caráctercodificador y normativo.(48)Otra normativa autonómica que cabe mencionar a estos efectos es la Ley 5/2003 de 4 de abril, de Salud de las Illes Balears,que se inspira, como principio informador, en la “participación comunitaria en la formulación de la política sanitaria, a travésde los derechos de información y participación” (artículo 3). La Ley 7/2003, de 25 de abril, de protección de la Salud deCataluña, declara que “la ordenación de las actividades y servicios de protección de la salud, en los términos establecidospor la presente Ley, debe ajustarse a los siguientes principios informadores: f) La participación comunitaria en la planificacióny control de la ejecución de las políticas de protección de la salud” (artículo 2). Por su parte, la Ley de Cantabria 7/2002, de10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, en su artículo 51 recoge una auténtica declaración, al señalar que“de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 y en el apartado 1 del artículo 129 de la Constitución Españolay en los artículos 5 y 53 de la Ley General de Sanidad, los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Cantabria tendránderecho a participar en la política sanitaria y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente ala calidad de la vida o al bienestar en general. La participación, tanto en la formulación de la política sanitaria como en sucontrol, es un derecho del ciudadano y de la sociedad en general, un valor social, una garantía de estabilidad y un instrumentode cooperación e información del Sistema Sanitario Público de Cantabria. El derecho a la participación implica la responsabilidaden su ejercicio, y obliga a actuar con lealtad al interés general, al bien público y a la promoción del bienestar social”.(49)Sin tratar de agotar todas las regulaciones existentes, y a modo de simple repaso, véase el artículo 9.2 y 15.3 de la Ley13/2002, de 21 de junio, de Turismo de Cataluña; artículo 3.f. de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovablesy Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia; artículo 3.f. de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de Ordenación de laMinería de Galicia; artículo 7 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de emergencias de Aragón;artículo 4.f. de la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León; artículo 55 de la Ley 16/2006, de 28 dediciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón, etc.(50)Esta Ley de Participación Ciudadana empieza a configurarse como informadora del resto del ordenamiento jurídicovalenciano, en la medida en que su carácter transversal incide en el contenido de otras normas relacionadas con la materia.A modo de ejemplo, la reciente Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración de las Personas Inmigrantesen la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 18 que “la Generalitat favorecerá, en los casos que proceda, larepresentación de las personas inmigrantes en los instrumentos de participación ciudadana previstos en la Ley de ParticipaciónCiudadana de la Comunitat Valenciana, individualmente o a través de sus entidades asociativas más representativas.”98