Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

eforma del texto estatutario (en algunos casosreconociendo la iniciativa ciudadana para impulsarel propio procedimiento -art. 222 EAAr-, y enotros, mediante la convocatoria de referéndumde ratificación del cuerpo electoral) y el derechode petición ante las Administraciones Públicas(art. 16 EAAr, art. 11.6 EACL, art. 30.1.d EAAnd,art. 29.5 EACat, art. 15.2.d EAIB).Por otra parte, más allá de estas regulacionesgenéricas proclamadas para todas las personas,los recientes textos estatutarios contienenmúltiples menciones a la participación decolectivos de ciudadanos en diferentes planosnormativos y con diferente alcance jurídico(derechos, principios rectores específicos relativosa la materia participativa, o referencias en otrosprincipios dedicados a distintos bienes jurídicos).Desde este punto de vista subjetivo, se proclamala necesidad de propiciar la participación de laspersonas mayores (art. 24 EAAr, art. 13.5 EACL,art. 10 EAV), personas con discapacidades (art.25 EAAr, art. 13.8 EACL, art. 10.3 EAV, art.16.3 EAIB), personas inmigrantes (arts. 4.3 y29 EAAr), participación de la juventud (art. 16.3EAIB, art. 10.3 EAV), de las comunidadesresidentes en el exterior (art. 6 EAAnd) o de lasmujeres (art. 19 EACat).Finalmente, se incorporan preceptos que prevénuna participación sectorial, una participaciónde la ciudadanía en sectores específicos de laintervención administrativa, como el derechode consumidores y usuarios a la información yla protección, así como los procedimientos departicipación en las cuestiones que puedanafectarles (art. 17.2 EAAr, artículo 14.5 EAIB,artículo 28.2 EACat, artículo 9.5 EAV, artículo27 EAAnd), el derecho de todas las personas aacceder a la información medioambiental deque disponen los poderes públicos, preceptoque ha de ser interpretado de acuerdo con elcriterio de información-participación ciudadanaque impone la normativa comunitaria (art. 18.3EAAr, artículo 27.3 EACat, artículo 28.3 EAAnd),derechos relacionados con el agua, cuyo ejerciciose produce en el marco de la participación (art.19 EAAr), derecho de participación en el ámbitode la educación (art. 21 EACat, art. 26 EAIB), oen el ámbito de los servicios sociales (art. 24 EACat).Por otra parte, el reconocimiento del derechode participación ciudadana en un Estadopolíticamente descentralizado nos lleva adeterminar una cuestión fundamental, comoes su delimitación competencial. Obviamente,no existe un título competencial específico queatribuya competencia al Estado o a lasComunidades Autónomas sobre la regulacióngeneral de la participación ciudadana. Laparticipación ciudadana no se define como unacompetencia “sustantiva”, no es competenciaper se, sino que tiene un carácter instrumentalpara el cumplimiento de los fines y objetivosde las políticas públicas generales o sectoriales.La participación de la ciudadanía en el procesode toma de decisiones públicas tiene unindudable carácter instrumental, está al serviciode la definición, implementación y evaluaciónde las políticas públicas; y dado este carácterinstrumental, desde el principio deautoorganización se habilita para, en un primermomento, regular la materia y poner en marchasus instrumentos (27) . Cada Administraciónterritorial puede hacer uso de los mecanismosde participación ciudadana, así como ordenarla gestión y administración de dichosinstrumentos, de tal forma que estos derechosde participación van a actuar como normascuya función es orientar y limitar la actuaciónde los poderes públicos autonómicos.No olvidemos que las Comunidades Autónomasse configuran como entidades territoriales conautonomía política, lo que les permite definiry ejecutar políticas públicas propias dentro desu ámbito territorial, y dentro del sistemacompetencial previamente definido. RespetandoSergio CASTEL. La juridificación de la participación ciudadana(27)En este sentido, la Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la ComunitatValenciana, se dicta en el ejercicio de su competencia y potestad de autoorganización, en los términos previstos en los artículos48 y 49 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.87