Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

Por otra parte, la referida jurisprudenciaconstitucional permite establecer una primeraidea sobre la que ha de versar todo el análisisdel régimen jurídico de la participación ciudadana,como es la existencia de una clara preeminenciadel sistema de democracia representativa. ElTribunal Constitucional ha venido a resaltar quela participación política –como manifestación dela soberanía popular- se ejerce normalmente através de representantes y que, excepcionalmente,puede ser directamente ejercida por el pueblo(STC 119/1995, de 17 de julio). Así, la participaciónpopular se encauza básicamente a través de laelección de representantes populares en losórganos de gobierno.Ello no es óbice para que, siguiendo la tendenciade los Estados democráticos modernos, nuestraConstitución se proponga intensificar laparticipación de los ciudadanos y de los gruposen la vida pública. El propio artículo 23 CE’78declara el derecho de los ciudadanos a participardirectamente en los asuntos públicos, articulandonuestro texto fundamental, para ello, varias formasde participación directa de los ciudadanos (21) .Así, nuestra Constitución no desconoce lasinstituciones más extendidas de democraciadirecta, como la iniciativa legislativa popular(artículo 87.3) o el referéndum (en sus diversasmodalidades), formas todas que permiten a laciudadanía intervenir directamente en la tomade decisiones públicas (22) .Pero nuestra Carta Magna no agota en estospreceptos la previsión constitucional departicipación ciudadana, sino que acorde conun espíritu de profundización democrática ypara el cumplimiento del mandato contenido enel artículo 9.2 CE’78, recoge otros reconocimientosexpresos a lo largo de su articulado.El principio constitucional de participaciónencuentra reflejo en el ámbito judicial a travésdel artículo 125 (23) , así como en el ámbito dela Administración Pública, mediante el régimende Concejo abierto (artículo 140 CE’78), eltrámite de la audiencia de los ciudadanos,directamente o a través de las organizacionesy asociaciones reconocidas por la ley, en elprocedimiento de elaboración de las disposicionesadministrativas que les afecten (artículo 105.aCE’78), o el derecho de acceso de los ciudadanosa los archivos y registros administrativos (artículo105.b CE’78). El artículo 29 CE’78 reconoce,como derecho fundamental, el derecho depetición. Con un carácter sectorial, la CE’78reconoce la participación de los miembros dela comunidad educativa (artículo 27.5), laparticipación libre y eficaz de la juventud en eldesarrollo político (artículo 48), de los consumidoresy usuarios en las cuestiones que les afecten(artículo 51.2), el derecho de participación delos interesados en la Seguridad Social y en laactividad de los organismos públicos cuyafunción afecte directamente a la calidad de lavida o al bienestar general (artículo 129) o laparticipación en la planificación de la actividadeconómica general (artículo 131.2). El principio,además, encuentra respaldo constitucionalen toda una serie de derechos y libertadesfundamentales que devienen esenciales parael correcto ejercicio de la participación, comola libertad de expresión (artículo 20) o el derechode asociación (artículo 22).(21)El propio Tribunal Constitucional ha llegado a afirmar que la “integración entre gobernantes y gobernados constituye elideal del sistema democrático” (STC 48/2003, FJ.5), o que la democracia representativa pretender conseguir que los ciudadanossean “actores y autores del ordenamiento jurídico” (STC 24/1990, FJ.2).(22)En cualquier caso, la doctrina ha resaltado que estos mecanismos reciben un tratamiento restrictivo. Quedan sometidosa exigencias superiores a las normales en Derecho comparado; no incluyen en nuestro ordenamiento alguna de sus másinteresantes versiones -por ejemplo, el referéndum legislativo-; finalmente, quedan bajo el control de la propia clase política,que controla su iniciativa (referéndum) o domina su toma en consideración (iniciativa legislativa popular), lo que viene aconfirmar su configuración como instrumentos de democracia semidirecta.(23)El artículo 125 CE’78 establece que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración deJusticia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine, asícomo en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales”84