Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

los parámetros participativos impuestos por laConstitución y por la normativa estataldirectamente aplicable, el cómo definir y ejecutarestas políticas sectoriales autonómicas, encuanto a intervención de la ciudadanía, es unaopción de cada Comunidad dado su autogobiernoy consiguiente autoorganización.Sin embargo, la participación como instrumentoal servicio de las políticas públicas autonómicasencuentra una serie de límites. Debe respetar lascondiciones básicas que el Estado haya establecidopara garantizar a todos los españoles la igualdaden el ejercicio de este tipo de derechos (artículo149.1.1 CE’78), las reservas normativas previstasen la Constitución -en especial las leyes orgánicasdel artículo 81 CE’78-, así como el contenidoesencial o núcleo irreductible del derecho (28) .Además, los mecanismos de participaciónciudadana han de respetar la distribucióncompetencial aplicable en cada materia o sectory, por tanto, la introducción de instrumentosparticipativos no se puede configurar comotítulo habilitante para intervenir en ámbitos enlos que no existe competencia (29) .En definitiva, a través de los recientes textosestatutarios, las Comunidades Autónomas sehan dotado de una habilitación estatutaria expresaque les permite iniciar de forma seria una políticade ordenación y fomento de la participaciónciudadana. Es cierto que anteriormente nadales impedía -al igual que al Estado- implementary desarrollar su legislación de forma participadae, incluso, con las previsiones constitucionales,estaban obligadas a ello. No fue así, tal y comose puede apreciar en el funcionamiento de lossistemas de participación desde la puesta enmarcha del Estado Autonómico. Quizás con estosmodernos reconocimientos estatutarios sea elmomento de potenciar definitivamente lalegislación y las políticas, generales y sectoriales,facilitadoras y garantistas de la participaciónciudadana.Esto último es importante. El tipo de normaescogido para la configuración de estos derechosparticipativos –principios rectores, habilitacioneslegislativas- hace que se traslade al legisladorla concreción de su régimen jurídico, sin quepueda observarse un núcleo intangible para éste.Contienen mandatos abstractos, sin imponeruna acción concreta y determinada. Por tanto,será fundamental el desarrollo que el legisladorordinario vaya estableciendo para poder definiruna nueva política en materia de participaciónciudadana. Del mismo modo que para elcumplimiento del principio participativo contenidoen el artículo 9.2 CE’78, en cuanto que principioprogramático, se prevé la concreción práctica desu contenido a través de una normativa secundaria.El problema consiste en instrumentar las técnicasjurídicas adecuadas para garantizar el cumplimientode dicha obligación.Vamos a analizar el desarrollo normativo dadotanto a la participación en la esfera política como,con especial interés, a la que ha tenido lugarpara configurar una Administración deliberativa.En este sentido, nuestro ordenamiento jurídicoha ido recogiendo de forma progresivainstrumentos de participación ciudadana en latoma de decisiones públicas, teniendo en cuentaque los diversos mecanismos reconocidos eneste proceso no son sustitutivos, sino acumulativos,a la par que se han ido adaptando y modulandocada uno de ellos a las exigencias de unademocracia consolidada.(28)En este sentido, el artículo 6.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en relación a los derechos y principios del Título I–entre los que se encuentra el derecho de participación-, establece que “ninguna de sus disposiciones puede ser desarrollada,aplicada o interpretada de forma que reduzca o limite los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por lostratados y convenios internacionales ratificados por España”. En el mismo sentido se expresa el artículo 8.3 del Estatuto deAutonomía de Castilla León.(29) De esta manera, cabe mencionar la declaración propuesta por el artículo 6.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, envirtud del cual “los derechos y principios del Título I de este Estatuto no supondrán una alteración del régimen de distribuciónde competencias, ni la creación de títulos competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes”. En el mismo sentidose expresa el artículo 8.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla León.88