Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

y local-. En concreto, el “principio de participación”supone la ampliación y potenciación de laparticipación ciudadana en todas y cada unade las fases del proceso de formación de laspolíticas públicas, desde la concepción hasta laaplicación, generando una mayor confianza enlos resultados finales y en las instituciones (10) .De este modo, el Libro Blanco ha venido aproponer un cambio de cultura basada en unamayor participación de todos los actores sociales,a fin de hacer más transparente el sistema defuncionamiento, llegar hasta el ciudadano porla democracia regional y local, implicar a lasociedad civil, una consulta más eficaz ytransparente en la elaboración de las políticasy establecer vínculos con las redes. Cambio decultura política que, como se acaba de ver, estábasado en ese concepto de gobernanza,entendido como un proceso de transformacióndel modo de gobernar que se caracteriza, poruna parte, por superar la exclusividad de lospoderes públicos en la gestión de los asuntospúblicos dotados de potestades exorbitantes yde una capacidad coercitiva sobre la sociedad,y por otra, por reconocer la pluralidad de agentessociales con posibilidad de intervenir en losasuntos públicos e interdependencia entre losmismos, de modo que su asociación impliquesu participación y cooperación en la toma dedecisiones, la gestión y las responsabilidades.Posteriormente, el Comité de las Regiones ensu sesión de 13 y 14 de marzo de 2002 aprobóun dictamen en el que propuso una mejora enel Libro Blanco. El Comité propuso una serie deprincipios adecuados a una nueva gobernanzaeuropea, entre los que cabe resaltar aquí, elprincipio de consulta, según el cual cada esferade gobierno reconoce que debe consultarsistemáticamente, en una fase temprana, aaquellos que se vean afectados por susdecisiones; el principio de participación, envirtud del cual se percibe como esencial elcompromiso de los ciudadanos, que serádesarrollado por todas las esferas de gobierno;y el principio de transparencia, que exige quelos poderes públicos deben garantizar la libertadde acceso a toda información cuya confidencialidadno deba preservarse, y justificar sus decisiones.Sobre estas bases conceptuales la Unión Europeaha venido incidiendo en la necesidad degarantizar y potenciar la participación de laciudadanía en determinados sectores deintervención administrativa, de modo que elDerecho comunitario ha ido obligando a losEstados miembros a reconocer en sus legislacionessectoriales mecanismos de participación ciudadana.En materia de medio ambiente, en 1998 seadoptó en el seno de la Comisión Económicapara Europa de Naciones Unidas el Conveniosobre el Acceso a la Información, la Participacióndel Público en la Toma de Decisiones y el Accesoa la Justicia en Asuntos Ambientales -conocidocomo “Convenio de Aarhus”, y ratificado porEspaña en 2004-. Para su aplicación, laComunidad Europea articuló tres directivas, dosde ellas ya aprobadas: la Directiva 2003/4/CEdel Parlamento Europeo y del Consejo, de 28de enero, relativa al acceso a la informaciónmedioambiental, y la Directiva 2003/35/CE delParlamento Europeo y del Consejo, de 26 demayo, sobre la participación del público en laelaboración de determinados planes y programasrelacionados con el medio ambiente, y quemodifica las Directivas 85/337/CEE (sobre(10)Para el Libro Blanco (III.3.1. Una mayor participación de todos los actores sociales: Hacer más transparente el sistema defuncionamiento de la Unión...), “la democracia depende de la capacidad de los ciudadanos para participar en el debatepúblico. Para ello, deben tener acceso a una información fiable sobre los asuntos europeos y estar en condiciones de seguircon detalle cada una de las etapas del proceso político. En 2001, se han realizado considerables progresos con la aprobaciónde nuevas normas que permiten a los ciudadanos un mayor acceso a los documentos de la Comunidad. Pero las Institucionesy los Estados miembros tendrán también que establecer una comunicación más activa con la opinión pública sobre lascuestiones europeas. La política de comunicación de la Comisión y las restantes Instituciones fomentará los esfuerzos destinadosa proporcionar información a nivel nacional y local, recurriendo en la medida de lo posible a las redes existentes, a lasorganizaciones de base y a las autoridades nacionales, regionales y locales. La información deberá presentarse de una formaadaptada a las necesidades y preocupaciones locales y en todas las lenguas oficiales de la Unión si se quiere evitar excluir auna gran parte de la población: este reto será aún más acuciante en el contexto de la ampliación”.80