Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

asistiendo a un desarrollo normativo que, antela ausencia de un cuerpo jurídico general sobrela colaboración de los ciudadanos con lasAdministraciones Públicas, se definió por lasnotas de la extensión, multisectorialidad y faltade sistematización.En esta segunda fase, con la llamada “motorizaciónlegislativa” (C. Schmitt), la normativa sectorial seha visto influida por los principios constitucionales,entre ellos, los relativos a la participaciónciudadana. Si bien es cierto que los mecanismosde democracia directa o semidirecta que fueronregulados en la primera fase tienen un caráctertransversal y, por tanto, pueden ser utilizadosen cualquier ámbito, la normativa sectorial vinoa configurar jurídicamente mecanismos específicosque recogen y se adaptan a las característicaspropias de esos sectores.En cuanto a la tipología de estos mecanismosde participación, la legislación sectorial abre unamplio abanico de formas de participación (40) .En primer lugar, la mayor parte de estas formasde participación tiene una naturalezaprocedimental, a través del trámite de audiencia-en el procedimiento de elaboración de normasadministrativas-, del trámite de informaciónpública -para la adopción de decisiones quepor lo general afectan directa o indirectamentea grupos indeterminados o numerosos depersonas-, o a través de consultas de laAdministración a sujetos cualificados –comoorganizaciones sociales o expertos-. En segundolugar, la consistente en la creación de órganosconsultivos, de los que forman parte representantesde las organizaciones sociales. En tercer lugar,aunque de aplicación menos usual, la participaciónde estas organizaciones sociales en órganosadministrativos de gestión o con facultades dedecisión.Esta legislación sectorial ha sido objeto tambiénde un proceso evolutivo en cuanto alreconocimiento de esferas participativas. Si lalegislación sectorial de los primeros años denuestro sistema democrático contemplaba unaparticipación a nivel de mínimos, la legislaciónde última generación viene innovando ypotenciando los instrumentos en virtud de loscuales se quiere hacer participe a la ciudadaníaen la toma de decisiones públicas.Pero también es cierto que en esta línea dedemocratización sectorial, la influencia de lasnuevas corrientes participativas no ha sido lamisma en todos los sectores. Se aprecia la existenciade ámbitos sensibles a la participación, comolos relativos a servicios públicos esenciales–educación, sanidad, servicios sociales-, aquellosque hacen referencia a los conocidos comoderechos de tercera generación -medio ambienteosectores en los que se generan conflictossociales especiales -agua, urbanismo-, en losque su régimen jurídico hace especial hincapiéen el elemento participativo.Sin lugar a dudas –y como se ha visto-, el sectormedioambiental es uno de los más sensiblesen relación a la participación ciudadana. La Ley9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de losefectos de determinados planes y programasen el medio ambiente (que transpone la Directiva2001/42/CE), anticipó el pilar de participaciónpública. Poco después, la Ley 27/2006, de 18de julio, ha regulado los derechos de acceso ala información, de participación pública y deacceso a la justicia en materia de medioambiente, ley que viene a aplicar el Conveniode Aarhus y las directivas comunitarias en lamateria, al tiempo que se presenta comodesarrollo del artículo 45 de la CE’78. La Ley27/2006 regla el derecho a participar en losprocedimientos para la toma de decisiones queinciden directa o indirectamente en el medioambiente, y su elaboración o aprobacióncorresponda a las Administraciones Públicas.La conformación de este derecho se recoge enel artículo 3.2) de la Ley 27/2006, y se desarrollaen su Título III -así como en Real Decreto Legislativo1/2008, de 11 de enero, por el que se apruebael texto refundido de la Ley de Evaluación deImpacto Ambiental de proyectos, y en la Ley(40)SANCHÉZ MORÓN, Miguel. Derecho Administrativo. Parte General. Tecnos, 2006, pp. 464-465.94