Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

Al igual que se indicó en su momento en relacióncon los derechos de las minorías en sedeparlamentaria, los derechos parlamentarios delos ciudadanos exigirían que en sedejurisdiccional una protección diligente. Laperentoriedad puede no ser la misma que laexigible para la protección de las minoríaspolíticas y podría pensarse que no hay argumentossuficientes para justificar una protección mássumaria de estos derechos a la que recibenotros derechos fundamentales. Frente a ellosólo cabe decir que la posibilidad de tener unarespuesta rápida en sede jurisdiccional a eventualesvulneraciones de los derechos proclamadossería no sólo de gran ayuda para asegurar sucredibilidad en los siempre difíciles inicios sinoque, sobre todo, sería el instrumento máspoderoso para obligar a las cámaras a proveerlos medios y actitudes necesarias para darcuerpo a estos derechos.Para un sector doctrinal, el Parlamento comoórgano, sería un conjunto de normas. Las queguían la conducta de sus miembros; las queconfieren poderes; y, finalmente, las queestablecen las condiciones de posibilidad parasu actividad (25) . Pues bien, la elaboración delderecho a la información y participación ciudadanaen el Parlamento sería la máxima expresiónnormativa del nuevo modelo parlamentario. Dehecho, supondría una notable novedad al darcarta de naturaleza a las relaciones de derechoentre el Parlamento y la sociedad, relacioneshasta ahora siempre limitadas a supuestos muyconcretos. Con la elaboración de este derechoalcanzaría toda su virtualidad la idea de que elnuevo Parlamento no se circunscribe a una sedefísica determinada sino que se extiende allí dondehay un ciudadano. El nuevo derecho formaría unnovedoso conjunto de normas parlamentarias.Un conjunto que no sólo tendría importanciapor lo que las normas supondrían en si mismasconsideradas sino, también, por su capacidadpara contaminar al conjunto del ordenamientoparlamentario. La formulación y ejercicio de underecho como el comentado afectaría a todoslos presupuestos de la Institución. La puertaque se abriría podría afectar al funcionamientotradicional de los partidos y los hábitosparlamentarios se verían afectados. Se dirá, yno sin razón, que precisamente esa posibilidadde contaminación puede ser uno de los mayoresobstáculos para su elaboración, ya que no seráfácil contar con la necesaria voluntad política.Pero, frente a las naturales reticencias que sepuedan levantar, hay que insistir en que más quede una elección libre se trata de una imposiciónsi no se quieren males mayores. Los cambiospueden venir provocados por la iniciativainstitucional o causados por acontecimientosexternos. Siendo estos últimos en todo casoinevitables, a partidos e instituciones les restahacer lo posible por dirigirlos y ofrecer caucesinstitucionales de cambio.Más para vencer la eventual resistencia a suformulación no sólo la necesidad es aliada. Laextensión de la conciencia de la necesidad deentender el Parlamento como prestador denuevos servicios políticos debe generalizar yarticular una demanda al respecto. La creaciónde una conciencia ciudadana, aunque ésta tengacomo protagonista primerizo, a las minorías másintensas, ha de ser un instrumento poderosopara incentivar la creación de los derechos aludidos.El hecho de que sea lugar común la necesidadde introducir cambios en el funcionamiento dela Institución parlamentaria ofrece la premisanecesaria. Es preciso fortalecer esa opiniónaportando elementos al debate que transciendanla visión tradicional de la misma. Los alicientespara la reforma sin duda crecen si se exponennuevas funciones que el Parlamento puede asumir.Así, insertar al Parlamento en el debate de larenovación democrática es la mejor manera deservir, simultáneamente, a su cambio y a supermanencia.La elaboración de estos derechos descansa,asimismo, sobre una racionalidad del derechopositivo que, a su vez, se debe a una teoría política(25)Al respecto véase, J. ASENSI SABATER, El futuro de las funciones del Parlamento, ob. cit., p. 18.50