Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

tradicionales de actuar de los poderes públicos (3) .El Derecho Administrativo se mueve en un contextonuevo, en el que la complejidad de la realidadactual demanda una intervención administrativaen sectores cada vez más complejos, novedosos,e interrelacionados, lo que exige la participaciónde diversos puntos de vista con interés en lamateria correspondiente, bajo los conceptossocio-jurídicos de diálogo y concertación social.Esta exigencia de participación y concertacióntrae consigo la ausencia de un poder normativointrínseco. El valor normativo no se desprendede la autoridad de las normas, sino de suaceptación y de la adhesión a sus mandatos porlos sujetos destinatarios, por lo que resultanecesario el consenso que se desprende de laparticipación en el proceso de elaboración deesas normas. Se configura así un derechonegociado fruto de la deliberación colectiva yde un diálogo permanente entre gobernantes ygobernados, que constituye un exponente de laparticipación como complemento de la democraciarepresentativa –ya que no pone en cuestión dóndereside la decisión última-, contribuyendo a laconfiguración de un orden jurídico convencional,diferente del anterior derecho unilateral, buscandono tanto la imposición como la adhesión (4) .Por tanto, el Derecho del Estado actual lo podemosconfigurar como un sistema jurídico que, partiendode la complejidad de la sociedad real, se convierteen instrumento flexible de regulación, útil paraun gobierno más abierto y participativo. El nuevoDerecho constata la complejidad de la sociedadposmoderna que se manifiesta en la produccióndel Derecho y en la articulación de las normasjurídicas, así como en la flexibilidad de sucontenido y de los procesos de adaptación.1.2. ¿Por qué es necesaria la perspectivajurídica de la participación ciudadana?La participación ciudadana, como demanda eneste nuevo contexto, es analizada desde diferentesperspectivas y campos. Aquí se trata de entenderpor qué es importante estudiar su régimen jurídico.El Derecho, la norma, tiene entre sus objetosfundamentales ordenar las relaciones humanas,responder a las evoluciones, necesidades ydemandas de la sociedad. Así, en el actual contextode gobernanza, donde la sociedad exige mayorcorresponsabilidad, el Derecho tiene que adecuarla estructura y el funcionamiento de los poderespúblicos a dicha demanda. Pero además, hoydía no puede hablarse de un sistema políticoy social verdaderamente democrático si suordenamiento jurídico no cuenta con suficientesgarantías para la participación de los ciudadanosen los procesos decisionales.El ordenamiento jurídico no puede ser ajeno ados principios fundamentales de la estructurapolítica y social actual, que no son sinoconsecuencia de las transformaciones vistasanteriormente. Por un lado, la multidimensionalidady la complejidad de las realidades actuales, queexige una toma de decisiones participativa, yaque el legislador no puede contemplar, él sólo,todas las posibles soluciones, sino que hacefalta la visión de políticos, técnicos y ciudadanos;por ello, el ordenamiento jurídico debe contemplarmecanismos eficaces de participación. Por otro,el principio de multinodalidad, que supone queno hay un único centro de poder, sino que hoylas decisiones se toman de forma conjunta, sinperjuicio de que las decisiones últimas seanadoptadas formalmente por los poderes públicoslibremente elegidos por la ciudadanía.Partiendo de la importancia de esta perspectivajurídica, y a modo de breve introducciónconceptual, la participación obliga a analizarsus dos aspectos básicos: la relación entredemocracia y Derecho, así como la participaciónciudadana como concepto jurídico.La relación entre democracia y Derecho gira entorno a cuatro pilares (5) . En primer lugar, lademocracia como principio legitimador delSergio CASTEL. La juridificación de la participación ciudadana(4) ALLI ARANGUREN, Juan-Cruz. Derecho Administrativo y globalización. Aranzadi, 2004, p. 170.(5) GARRORENA MORALES, A. “Democracia”. En ARAGÓN REYES, Manuel (Coord.). Temas básicos de Derecho Constitucional.Tomo I. Civitas, 2001, pp.118-120.75