Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

Derecho, es decir, la democracia se muestra comoprincipio de justificación última del Derecho, loque exige que éste apoya su capacidad de obligaren su condición como orden nacido delconsentimiento de aquellas mismas personasa las que obliga. Así, el orden jurídico establecidoes justo en la medida en que es un orden quenace de la decisión de sus propios destinatarios.En segundo lugar, la democracia como fin delDerecho, por lo que éste debe tender a realizaren nuestra convivencia los valores propios delideal democrático, de tal modo que elordenamiento jurídico del Estado democráticoqueda traspasado por un cierto sentido finalistaque lo orienta hacia la progresiva perfecciónde la democracia, y a dicha luz deben ser leídastodas sus normas. En tercer lugar, la democraciacomo contenido del Derecho. Desde estaperspectiva, la democracia es materia ella mismaa regular por el ordenamiento jurídico. El Derechoes norma que rige y determina los distintosprocesos democráticos incluidos en el sistema,de tal modo que la democracia es también unarealidad materialmente necesitada de reglas y,por lo tanto, constituida ella misma en objetode regulación. En último lugar, la democraciacomo forma de producción del Derecho. Lademocracia es método o procedimiento para lacreación de las normas del ordenamiento jurídico,lo que puede suceder porque la decisión últimaque constituya o cree tales normas proceda dela voluntad directamente expresada por lospropios ciudadanos, o porque esa creación seconfíe a la institución parlamentaria que ostentala representación de la ciudadanía, lo que esmás habitual en nuestras democracias liberales.El segundo aspecto básico a analizar es el dela participación como un auténtico conceptojurídico. Desde esta perspectiva, la participaciónes en sí misma un derecho humano, que competea cada individuo miembro de la comunidadcomo a la colectividad misma en su conjunto,así como un elemento configurador de la vidademocrática y, por tanto, exigencia para losindividuos, grupos y, especialmente, para elEstado que estructura políticamente el conjuntode la convivencia social.Por tanto, es imperativo de cualquier sistemademocrático que el Estado debe crear lascondiciones que permitan que este derecho departicipación sea efectivo, removiendo para ellolos obstáculos que limiten la libertad e igualdadde los sujetos en el acceso a la toma dedecisiones, de acuerdo con los principios delEstado Social y Democrático de Derecho. Y bajoesta premisa, uno de los instrumentos con losque cuenta el Estado para crear dichas condicioneses su ordenamiento jurídico, en la medida enque éste debe contener normas jurídicas quegaranticen la participación real en los procesosdecisionales como uno de los derechosfundamentales del ciudadano. Pero además,no hay que olvidar que las actuaciones públicasestán sometidas al principio de legalidad, porlo que es fundamental conocer el marco normativoen el que se desarrollan los instrumentos dirigidosa promover la participación ciudadana. Estopermitirá una labor de análisis crítico de sucontenido con el fin de modificar ese marco yreconducirlo hacia formas que faciliten laparticipación de la ciudadanía en la toma dedecisiones públicas.De este modo, el desarrollo de un modeloverdaderamente democrático de participaciónciudadana precisa de la configuración inicial deese marco normativo y planificador quecontemple las acciones, procesos, vías y órganosde participación que van a constituir dichomodelo. Sin embargo, es opinión unánime quehoy la creciente demanda de democraciaparticipativa tropieza con la dificultad deestablecer una normatividad que conecte deforma real las acciones de la sociedad civil conlas decisiones políticas (6) .Por todo lo anterior, y partiendo de la importanciade esta perspectiva jurídica, el objeto de estecapítulo no es otro que analizar cómo ha(6)RUBIO NÚÑEZ, Rafael. “La guerra de las democracias”. Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid. 2007, Nº 16, p. 91.76