Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

En esta evolución pueden distinguirse tres fases.En una primera, el ordenamiento jurídico españolse limitó a regular los mecanismos tradicionalesde democracia directa o semidirecta, así como losrasgos definidores de una Administración Públicademocrática, configurándose de este modo unordenamiento de mínimos. Posteriormente, seinició el camino hacia una participación sectorial,de tal modo que la progresiva implantación dela participación ciudadana en las decisionespúblicas vino de la mano de la legislaciónsectorial -medio ambiente, agua, educación,consumidores y usuarios, salud, etc.-, bien porimperativos internacionales o comunitarios,bien por decisión del propio legislador. Concluyeeste proceso en una tercera fase en la queestamos asistiendo a una auténtica juridificacióny codificación de la participación ciudadana.3.2. Democracia directay Administración deliberativaEl legislador español estableció, en un primermomento, el régimen jurídico de aquellosinstrumentos de democracia directa o semidirectaa los que venía obligado, tanto por la propia CE’78como por las técnicas propias del constitucionalismotradicional. Vamos a centrarnos aquí en aquellosmecanismos más importantes desde unaperspectiva jurídico-política.El procedimiento de participación directa porexcelencia es el del referéndum. NuestraConstitución ha previsto esta figura en susdiversas modalidades, pudiendo agrupar éstasen torno a cuatro grandes grupos: referéndumconstitucional, consultivo para decisiones deespecial trascendencia, autonómico y municipal.El desarrollo legislativo de estas modalidades hatenido lugar mediante la Ley Orgánica 2/1980,de 18 de enero, sobre Regulación de las DistintasModalidades de Referéndum, para las tresprimeras, y el artículo 71 de la Ley 7/1985, de2 de abril, Reguladora de las Bases del RégimenLocal, para la variedad municipal (30) .El Título X de la CE’78 contempla dos modalidadesde referéndum insertado en el procedimientode reforma constitucional. Para el supuesto dereformas agravadas –es decir, cuando se tratade revisar la totalidad de la CE’78 o de modificarparcialmente la misma de forma que se afecteal Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I delTítulo I, o al Título II- el texto fundamental prevéel referéndum con carácter obligatorio para laratificación definitiva de los proyectos de reforma(artículo 168.3 CE’78). En el marco de la reformaordinaria – para el resto de propuestas de reformade la CE’78, las que no afecten a los preceptosaludidos-, procederá la convocatoria de unaconsulta popular cuando así lo soliciten unadécima parte de los miembros de cualquierade las Cámaras (artículo 167.3 CE’78).La figura más genuina de participación directade los ciudadanos en los asuntos públicos seubica en el referéndum consultivo al que aludeel artículo 92 CE’78 (31) . A través de este instrumentose consulta al cuerpo electoral una decisióngubernamental de especial trascendencia y decarácter básico –es decir, cuya puesta en prácticapuede implicar tanto una política legislativa dedesarrollo, como unas medidas concretas deSergio CASTEL. La juridificación de la participación ciudadana(30)En relación a ésta última –objeto de análisis en otro Capítulo de esta obra-, únicamente resaltar que ese artículo 71 sientalas bases normativas del referéndum municipal, al señalar que los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno yautorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipaly de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Haciendalocal. Este precepto ha sido desarrollado por la legislación autonómica, aunque con un tratamiento normativo diferente, pudiendohablar de tres grandes grupos normativos: algunas Comunidades Autónomas establecen un régimen jurídico completo de estafigura (como Navarra -Ley Foral 27/2002, de 28 de octubre, reguladora de consultas populares de ámbito local-, Andalucía -Ley 2/2001, de 3 de mayo, de Regulación de las Consultas Populares Locales en Andalucía-, y Cataluña -Decreto 294/1996,de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Consultas Populares Municipales-); otras regulan ciertos aspectos desu régimen en la normativa local general (es el caso, entre otras, de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local deAragón, en su artículo 157); y, finalmente, un último grupo de Comunidades que no ordenan este instrumento de participación.(31)Según el artículo 92 CE’78, “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivode todos los ciudadanos”.89