Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

ha venido configurando una delimitaciónconceptual de la participación consagrada enlos citados preceptos constitucionales, resaltandola preeminencia del sistema de democraciarepresentativa.Atendiendo a esa delimitación conceptual, elmandato recogido en el artículo 9.2 CE’78implica la maximización de la participacióncomo uno de los ejes centrales que deben guiarla actuación de los poderes públicos, proyectándoseno sólo en las instituciones públicas o másinmediatamente políticas, sino que debe tambiénhacerse presente en otros diversos ámbitos dedecisión y gestión (18) . Sin embargo, respecto ala manifestación contenida en el artículo 23CE’78, ésta línea jurisprudencial ha seguido unconcepto restrictivo, señalando que la participaciónen los asuntos públicos consagrada en esteprecepto es una participación estrictamentepolítica, que se realiza, en primera línea, alelegir los representantes en todos los nivelesterritoriales en que se organiza el Estado, peroque se cumple también de forma directamediante el ejercicio inmediato de cargos(concejo abierto en los Municipios) o del derechode iniciativa legislativa o consultas populares,es decir, es fundamentalmente una participaciónpolítica que entronca con el principiodemocrático (STC 119/1995, de 17 de julio,que reafirma la doctrina sentada en las anteriores32/1985, 63/1987, 149/1988, 71/1989,212/1993, 76/1994 y 80/1994). Quedan asífuera del artículo 23 CE’78 cualesquiera otrostítulos de participación que, configurados comoderechos subjetivos o de otro modo, puedancrearse por el ordenamiento jurídico, pues notodo derecho de participación es un derechofundamental. Para que la participación reguladaen una Ley pueda considerarse como unaconcreta manifestación del artículo 23 CE’78,es necesario que se trate de una participaciónpolítica, una manifestación de la soberaníapopular, lo que excluye del ámbito de proteccióndel derecho fundamental a las formas departicipación administrativa.Sin embargo, la posibilidad de integrar laparticipación administrativa en el artículo 23CE’78 es hoy una cuestión debatida. Una partede la doctrina entiende que el reconocimientode la participación directa en los “asuntospúblicos” (artículo 23) permite incorporar laparticipación administrativa en el ámbito de laprotección privilegiada que supone este precepto,ya que lo contrario supondría negar el propiocarácter público de la Administración (19) .Sin entrar aquí en este debate, sí que existe unacierta unanimidad en cuanto a la necesidad depropiciar mayores cotas de participación, nosólo en el ámbito de la participación política, sinotambién en el de la participación administrativa.Así lo exige el principio democrático contenidoen el artículo 9.2 CE’78, que se extiende aespacios diferentes del político-parlamentario,esto es, al resto de poderes públicos, en especial,al Gobierno y la Administración (20) . Así, laconfiguración de una Administración deliberativademanda resaltar el interés por la participaciónen la esfera administrativa, más aún si tenemosen cuenta que, tras la superación de la teoríaclásica de neutralidad del Estado liberal, laAdministración Pública interviene hoy en muydiversos y complejos sectores para la consecuciónde los intereses generales. Ahora bien, hay quehablar de participación ciudadana en el desarrollode las tareas y funciones administrativas queinfluyen en el interés colectivo, no en la meraintervención en el procedimiento administrativopara la defensa de los derechos particulares delinteresado.Sergio CASTEL. La juridificación de la participación ciudadana(18)AGUIAR DE LUQUE, Luis. “Democracia directa e instituciones de democracia directa en el ordenamiento constitucionalespañol”, en AA.VV. La experiencia constitucional, CEPC, Madrid, 2000, pg. 69.(19)Al respecto, PÉREZ MORENO, Alfonso. “Crisis de la participación administrativa”, RAP. 1989, núm. 119, pp. 91 y ss.;SÁNCHEZ BLANCO, Ángel. “La participación como coadyudante del Estado social y democrático de Derecho”, RAP. 1989,núm. 119, pp. 133 y ss.(20)CASTELLÀ ANDREU, Josep María. Los Derechos Constitucionales de Participación Política en la Administración Pública,CEDES Ed., Barcelona, 2001, pg. 116.83