Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

Respecto al poder legislativo, la CE’78 tambiéncontempla en su artículo 77 la presentación depeticiones escritas. Según esta previsiónconstitucional, las Cámaras pueden recibirpeticiones individuales y colectivas, siempre porescrito, pudiendo remitírselas al Gobierno queestará obligado a explicarse siempre que lasCámaras así lo exijan. En consonancia con lodispuesto en la Disposición Adicional Primerade la Ley Orgánica 4/2001, son los Reglamentosdel Congreso de los Diputados, del Senado y delas Asambleas Legislativas de las ComunidadesAutónomas, los que regulan las peticiones dirigidasa los órganos legisladores, estableciéndose lascorrespondientes Comisiones. Por su parte, enlos supuestos en que una iniciativa legislativapopular haya resultado inadmitida por nocumplir con todos los requisitos previstos en sunormativa reguladora, a solicitud de susfirmantes podrá convertirse en petición antelas Cámaras, en los términos establecidos ensus respectivos Reglamentos.Finalmente, el legislador español (estatal yautonómico), junto a la definición de estosmecanismos clásicos de participación directa–iniciativa popular, referéndum y petición-, haido configurando jurídicamente los rasgos deuna Administración deliberativa. Desde laperspectiva de la participación como derechoadministrativo, tanto la proclamación contenidaen el artículo 1.1 CE’78 como el principioparticipativo del artículo 9.2 CE’78, exigían laconfiguración de una auténtica Administracióndemocrática, una Administración que, al serviciode los intereses generales, introdujera fórmulasactivas de intervención de los ciudadanos. Así,el principio constitucional de participaciónencuentra su reflejo legal en el artículo 3.5 dela Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Común, alestablecer, entre los principios generales deactuación, que “en sus relaciones con losciudadanos las Administraciones públicas actúande conformidad con los principios de transparenciay de participación”, concretado posteriormenteen los artículos 84 a 86, como manifestaciónde una democracia participativa.Sin ir más lejos en el análisis de la participacióncomo derecho administrativo, sí que caberesaltar la evolución legislativa producida enaras de una Administración deliberativa. Enconcreto, el legislador autonómico, acorde con eldiscurso que triunfa en los ámbitos administrativosmodernos, incluye la participación ciudadanacomo uno de sus pilares informadores, enconexión con el modelo de una Administracióndeliberativa basada en la cercanía, transparenciay calidad. En este sentido, se observa cómo laúltima oleada de normas reguladoras de laorganización y funcionamiento de laAdministración ha supuesto una profundizacióndemocrática en las estructuras administrativas,siendo claro ejemplo de ello los casos de lanormativa navarra y gallega.La Comunidad de Navarra, a través de la LeyForal 21/2005, de 29 de diciembre, Ley Foralde evaluación de las políticas públicas y de lacalidad de los servicios públicos, parte de lanueva consideración de la Administración delsiglo XXI, como organizaciones cercanas a susciudadanos, y que ajustan -o deben ajustar- susfunciones a principios como transparencia yparticipación. Así, el artículo 4 establece loscriterios y principios que han de informar laevaluación de las políticas públicas y de la calidadde los servicios públicos, reconociendo, entreellos, el principio de legitimidad democrática,entendido como aquella gestión de lo públicoque concibe la ciudadanía como la razón deser de la existencia de las AdministracionesPúblicas y dirige las políticas y los serviciospúblicos a la satisfacción de las necesidadesreales de los ciudadanos; el principio detransparencia, entendido como el deber de laAdministración de realizar su actividad facilitandola información necesaria a la ciudadanía, tantocolectiva como individualmente, sobre suorganización y la forma de prestar los serviciospúblicos, y como el deber de los responsablespúblicos de actuar con probidad en eldesempeño de las tareas públicas; así como elprincipio de participación ciudadana, entendidocomo la elaboración y gestión de políticaspúblicas y la prestación de servicios con aplicación92