Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y ControlIntegrados de la Contaminación-. Junto a laparticipación funcional, a través de la intervencióndel público en procedimientos administrativos,la Ley 27/2006 contempla la participaciónorgánica mediante la inserción en órganosadministrativos con la regulación del ConsejoAsesor de Medio Ambiente.También la legislación autonómica vieneasumiendo el principio de participación. Es elcaso, a modo de ejemplo, de la Ley 7/2006, de22 de junio, de protección ambiental de Aragón,en cuyo artículo 2 se establece como finalidadel “fomentar la participación social en losprocedimientos administrativos regulados enla presente Ley y garantizar la efectividad delos trámites de información pública previstos”,reiterado posteriormente en el artículo 9(“información ambiental y participaciónpública”) a modo de mandato, al señalar que“sin perjuicio de los trámites previstos en losregímenes de intervención administrativaambiental regulados en la presente Ley, laAdministración que en cada caso resultecompetente garantizará el derecho de participaciónpública y de acceso a la información ambientalen la forma y términos establecidos en la normativaque regula su ejercicio”.En materia de ordenación del territorio y urbanismoha surgido en los últimos años un nuevo concepto:el urbanismo participativo. En esta línea se estánmoviendo recientemente las legislacionesreguladoras del sector, tanto del Estado comode las Comunidades Autónomas –cada una, enel marco de su nivel competencial-, que prevéncauces de participación ciudadana en la definicióndel diseño de la ciudad. El reciente Real DecretoLegislativo 2/2008, de 20 de junio, por el quese aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo,reconoce que la legislación sobre la ordenaciónterritorial y urbanística garantizará el derecho ala información de los ciudadanos y de las entidadesrepresentativas de los intereses afectados por losprocesos urbanísticos, así como la participaciónciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas(artículo 3), proclamando con carácter general elderecho de todos los ciudadanos a participar enlos procedimientos de elaboración y aprobaciónde instrumentos de ordenación del territorio yordenación urbanística (artículo 4) (41) . En desarrolloSergio CASTEL. La juridificación de la participación ciudadana(41)En concreto, el artículo 4 reconoce el derecho a “participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobaciónde cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambientalmediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administraciónuna respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimientode que se trate”.(42)Es el caso de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (artículo 10); Ley Foral35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (artículo 7); Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deOrdenación Urbanística de Andalucía (artículo 6); Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial deExtremadura (artículo 7); Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicioneslegales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, de Asturias (artículo 7); Decreto Legislativo 1/2005, de10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (artículo 9).(43)A modo de ejemplo, el artículo 2 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial, de Baleares, estableceque “las administraciones competentes deben promover la participación de la sociedad en el proceso de ordenación territorialy formalizarla, a fin de conseguir que este proceso responda a las aspiraciones y necesidades de la población”; el artículo 3de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, que establece como principio rector de la ordenaciónurbanística el de participación ciudadana, a cuyo fin declara que “en la formulación, gestión y ejecución de la actividadurbanística, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos deberán fomentar e impulsar la participación”; o el artículo 8 delDecreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, de Cataluña,en virtud del cual “se tienen que fomentar los derechos de iniciativa, de información y de participación de la ciudadanía enlos procesos urbanísticos de planeamiento y de gestión”. En este ámbito cabe resaltar la Ley 4/2004, de 30 de junio, deOrdenación del Territorio y Protección del Paisaje, de la Comunidad Valenciana, que recoge en su artículo 2 la participaciónactiva de los ciudadanos como objetivo de la política territorial de la Generalitat, estableciendo en su artículo 10 (“participaciónciudadana”) que “el Consell de la Generalitat se encargará de fomentar mecanismos de participación de los ciudadanos quecontribuyan a la formación de las políticas y estrategias territoriales y en materia de vivienda”, haciendo suyo de forma expresael concepto de gobernanza en su artículo 89, en el que incluye la participación de los ciudadanos en las fases de decisiónsobre políticas, planes y programas territoriales y la accesibilidad a la información por todos los ciudadanos.95