Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

autonómica ha sido objeto de críticas doctrinalesdebido a que, en términos generales, trasladamiméticamente el modelo de la iniciativa nacional (34) ,con una clara reproducción de las condicionessubjetivas, formales, procedimentales y materiales,habiendo sido deseable, e incluso más adecuadoa las exigencias participativas de unos entesdescentralizados y más próximos al ciudadano,que en este aspecto los Parlamentos autonómicoshubiesen innovado haciendo más fácil el accesode los ciudadanos a la institución parlamentaria (35) .Por este motivo destaca el régimen aprobadorecientemente en Cataluña a través de la Ley1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativapopular, que se aparta de esa tendencia mimetistadel resto de las Comunidades Autónomas (36) .El derecho de petición ha sido considerado porgran parte de la doctrina como un tercerinstrumento de participación directa, aunquecon un carácter residual respecto a otrosinstrumentos de relación entre los ciudadanosy los poderes públicos. Tiene por objeto hacer llegara cualquier institución pública, administración,o autoridad, así como ante los órganos de direccióny administración de los organismos y entidadesvinculados o dependientes de las Administracionespúblicas, solicitudes –sugerencia, iniciativa- oquejas sobre las que el peticionario no puedaesgrimir pretensiones subjetivas cuya satisfacciónse convierta en una obligación por parte de laautoridad requerida, debiendo referirse a decisionesdiscrecionales o graciables (STC 242/1993, de 14de julio) (37) . Previsto en el artículo 29 CE’78 comoderecho fundamental, tiene “un mucho deinstrumento para la participación ciudadana auncuando lo sea por vía de sugerencia” (STC242/1993). Durante muchos años ha permanecidoen vigor la Ley 92/1960, de 22 de diciembre, cuyavigencia ha reconocido el Tribunal Constitucionalno obstante su origen preconstitucional, sinperjuicio de las inevitables adaptaciones queexigía su aplicación en el nuevo marcoconstitucional. Hoy, la norma básica al respectoes la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre,Reguladora del Derecho de Petición, cuyaExposición de Motivos considera que esteinstrumento “entronca de manera adecuadacon las tendencias mayoritarias que proclamanuna mayor participación de los ciudadanos, yde los grupos en que se integran, en la cosapública, una mayor implicación en las estructurasinstitucionales sobre las que se asienta nuestroEstado social y democrático de Derecho”. Porsu parte, a pesar de que las ComunidadesAutónomas, en virtud de la Disposición FinalÚnica de la Ley Orgánica 4/2001, puedenaprobar una normativa propia que regule elejercicio de este derecho, solamente Cataluñaha ejercido esta habilitación a través del Decreto21/2003, de 21 de enero, por el que se estableceel procedimiento para hacer efectivo el derechode petición ante las administraciones públicascatalanas (38) .Sergio CASTEL. La juridificación de la participación ciudadana(34)CUESTA LÓPEZ, Víctor, op. Cit., pg. 309. Por su parte, el sistema de iniciativa ciudadana de ley autonómica ha sido calificadopor MANUEL ARAGÓN REYES como “una especie de retrato, a escala reducida, y con ciertas variaciones y complicaciones, delprevisto en el artículo 87 CE”, ARAGÓN REYES, Manuel, “La iniciativa legislativa” REDC, núm. 16, enero-abril 1986, pg. 304.(35) LARIOS PATERNA. M.J. “Participación ciudadana en la elaboración de la ley”, Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, pg. 246.(36) La propia elaboración de este texto legal se hizo mediante un intenso proceso participativo, tal y como reconoce el Preámbulode la norma, que señala se han tenido en cuenta “la experiencia acumulada durante la vigencia de la Ley 2/1995, los procesosde debate ciudadano sobre esta figura, promovidos por el Gobierno, y las consultas a algunas entidades impulsoras, que hanrealizado aportaciones que deben permitir una mejora legislativa sustancial”. Tras esta reforma, el derecho estatutario apromover y presentar una iniciativa legislativa ve cómo se amplía el ámbito de personas legitimadas, liberando buena partede las limitaciones materiales y procedimentales traspuestas de la Ley Orgánica 3/1984 por el legislador de 1995.(37) La petición no es, por tanto, una reclamación en vía administrativa, ni una denuncia ni un recurso en la judicial, quedandoexcluidas aquellas pretensiones para cuya realización el ordenamiento jurídico prevea otros mecanismos (procedimiento parlamentario,procedimiento administrativo, quejas ante el Defensor del Pueblo, recursos judiciales, audiencias ante la Administración, etc.).(38)En cualquier caso, hay que resaltar que el régimen fijado por el Decreto 21/2003 apenas se separa del establecido en lanormativa estatal, debido, en gran medida, a la regulación detallada que lleva a cabo la Ley Orgánica 4/2001, dejando pocoespacio normativo para la innovación autonómica.91