Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

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gobierno-, para que el órgano gubernamental,atendiendo y ponderando los resultados de laconsulta popular –jurídicamente consultivos,no vinculantes-, impulse y adopte las medidasprocedentes para la formalización del veredictopopular. Si bien esta figura se encuentra hoyregulada en la citada Ley Orgánica 2/1980, enel ámbito territorial autonómico la consultapopular no ha sido objeto de atención normativa.No obstante, es probable que esta orientacióncambie en el futuro, dada la asunción competencialque los Estatutos de Autonomía de últimageneración han recogido en sus textos, de formaque la futura legislación autonómica sobreconsultas populares deberá determinar el régimenjurídico, las modalidades, el procedimiento, larealización y convocatoria de consultas sobrecuestiones de interés general relacionadas conlas competencias de la Comunidad Autónoma-en cualquier caso, la autorización para laconvocatoria de consultas populares por vía dereferéndum es una competencia exclusiva delEstado (artículo 149.1.32 CE’78)-.La tercera modalidad de referéndum tiene quever con el propio proceso de configuración delEstado Autonómico. Se prevé el referéndum paraaprobar y reformar los Estatutos de Autonomíaelaborados con arreglo al artículo 151 CE’78,bien por ser nacionalidades históricas que enel pasado ya gozaron de autonomía, o bien porhaber manifestado su voluntad autonomistaen votación popular.La CE’78 también prevé la participación directade los ciudadanos en el proceso de producciónnormativa, a través de la iniciativa legislativapopular (artículo 87.3 CE’78). Regulada por laLey Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladorade la Iniciativa Legislativa Popular (32) , permiteinstrumentar la participación directa de laciudadanía en la tarea de elaboración de lasnormas, y posibilita la apertura de vías paraproponer al poder legislativo la aprobación denormas cuya necesidad es ampliamente sentidapor el electorado, pero que, no obstante, noencuentren eco en las formaciones políticascon representación parlamentaria. La CE’78excluye de la iniciativa las materias propias deley orgánica, tributarias, de carácter internacionaly las relativas a la prerrogativa de gracia, a las quela Ley Orgánica 3/1984 añade aquellas materiasmencionadas en los artículos 131 y 134.1 CE’78,que tratan de la planificación económica y delos presupuestos generales del Estado. Tambiéna nivel autonómico se ha reconocido legalmenteeste instrumento de participación, por lo quehoy la totalidad de las Comunidades Autónomascuentan con una Ley reguladora de la iniciativalegislativa popular (33) . No obstante, esta legislación(32)La Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo, reformó este régimen jurídico, tras la justificación establecida en el propio Preámbulo:“el tiempo transcurrido y la experiencia acumulada desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, hacenaconsejables algunas adecuaciones de la institución de participación popular para evitar requisitos innecesarios e incorporar mejorasque faciliten su ejercicio”. Entre las modificaciones introducidas por esta Ley Orgánica es encuentra la ampliación del plazo parala recogida de firmas, la previsión de la firma electrónica, la supresión de algunas causas de inadmisión, la intervención de lacomisión promotora en las Cortes Generales durante la tramitación de la proposición de ley, etc. Sobre esta materia, véase CUESTALÓPEZ, Víctor, Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional. Thomson Civitas, 2008.(33)En este sentido, las leyes autonómicas hoy vigentes son las siguientes: País Vasco -Ley 8/1986, de 26 de junio, de iniciativalegislativa popular-; Asturias -Ley de 5 de junio de 1984 reguladora de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos y de la iniciativapopular-; Murcia -Ley de 22 de noviembre de 1984 reguladora de la iniciativa legislativa popular de los ayuntamientos y comarca-;Aragón -Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón-; Navarra -Leyforal 3/1985, de 25 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, y Ley 4/1985, de 25 de marzo, reguladora de la iniciativalegislativa de los Ayuntamientos de Navarra-; Castilla-La Mancha -Ley 2/1985, de 8 de mayo, de iniciativa legislativa popular y delos ayuntamientos-; La Rioja -Ley 3/1985, de 20 de mayo, sobre iniciativa legislativa del pueblo riojano-; Cantabria -Ley de 5 de juliode 1985 de iniciativa legislativa popular-; Extremadura -Ley 7/1985, de 26 de noviembre, de iniciativa legislativa popular de laComunidad Autónoma de Extremadura-; Canarias -Ley 10/1986, de 11 de diciembre, sobre iniciativa legislativa popular-; Comunidadde Madrid -Ley 6/1986, de 25 de junio, de iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid-; Galicia–Ley 1/1988, de 19 de enero, de iniciativa legislativa popular ante el Parlamento de Galicia; Andalucía -Ley 5/1988, de 17 de octubre,de iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos; Baleares -Ley 4/1991, de 13 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativapopular en las Islas Baleares-; Comunidad Valenciana -Ley 5/1993, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popularde la Comunidad Valenciana-; Castilla y León -Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora de la iniciativa legislativa popular y de losayuntamientos de Castilla y León-; Cataluña -Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular-.90
autonómica ha sido objeto de críticas doctrinalesdebido a que, en términos generales, trasladamiméticamente el modelo de la iniciativa nacional (34) ,con una clara reproducción de las condicionessubjetivas, formales, procedimentales y materiales,habiendo sido deseable, e incluso más adecuadoa las exigencias participativas de unos entesdescentralizados y más próximos al ciudadano,que en este aspecto los Parlamentos autonómicoshubiesen innovado haciendo más fácil el accesode los ciudadanos a la institución parlamentaria (35) .Por este motivo destaca el régimen aprobadorecientemente en Cataluña a través de la Ley1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativapopular, que se aparta de esa tendencia mimetistadel resto de las Comunidades Autónomas (36) .El derecho de petición ha sido considerado porgran parte de la doctrina como un tercerinstrumento de participación directa, aunquecon un carácter residual respecto a otrosinstrumentos de relación entre los ciudadanosy los poderes públicos. Tiene por objeto hacer llegara cualquier institución pública, administración,o autoridad, así como ante los órganos de direccióny administración de los organismos y entidadesvinculados o dependientes de las Administracionespúblicas, solicitudes –sugerencia, iniciativa- oquejas sobre las que el peticionario no puedaesgrimir pretensiones subjetivas cuya satisfacciónse convierta en una obligación por parte de laautoridad requerida, debiendo referirse a decisionesdiscrecionales o graciables (STC 242/1993, de 14de julio) (37) . Previsto en el artículo 29 CE’78 comoderecho fundamental, tiene “un mucho deinstrumento para la participación ciudadana auncuando lo sea por vía de sugerencia” (STC242/1993). Durante muchos años ha permanecidoen vigor la Ley 92/1960, de 22 de diciembre, cuyavigencia ha reconocido el Tribunal Constitucionalno obstante su origen preconstitucional, sinperjuicio de las inevitables adaptaciones queexigía su aplicación en el nuevo marcoconstitucional. Hoy, la norma básica al respectoes la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre,Reguladora del Derecho de Petición, cuyaExposición de Motivos considera que esteinstrumento “entronca de manera adecuadacon las tendencias mayoritarias que proclamanuna mayor participación de los ciudadanos, yde los grupos en que se integran, en la cosapública, una mayor implicación en las estructurasinstitucionales sobre las que se asienta nuestroEstado social y democrático de Derecho”. Porsu parte, a pesar de que las ComunidadesAutónomas, en virtud de la Disposición FinalÚnica de la Ley Orgánica 4/2001, puedenaprobar una normativa propia que regule elejercicio de este derecho, solamente Cataluñaha ejercido esta habilitación a través del Decreto21/2003, de 21 de enero, por el que se estableceel procedimiento para hacer efectivo el derechode petición ante las administraciones públicascatalanas (38) .Sergio CASTEL. La juridificación de la participación ciudadana(34)CUESTA LÓPEZ, Víctor, op. Cit., pg. 309. Por su parte, el sistema de iniciativa ciudadana de ley autonómica ha sido calificadopor MANUEL ARAGÓN REYES como “una especie de retrato, a escala reducida, y con ciertas variaciones y complicaciones, delprevisto en el artículo 87 CE”, ARAGÓN REYES, Manuel, “La iniciativa legislativa” REDC, núm. 16, enero-abril 1986, pg. 304.(35) LARIOS PATERNA. M.J. “Participación ciudadana en la elaboración de la ley”, Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, pg. 246.(36) La propia elaboración de este texto legal se hizo mediante un intenso proceso participativo, tal y como reconoce el Preámbulode la norma, que señala se han tenido en cuenta “la experiencia acumulada durante la vigencia de la Ley 2/1995, los procesosde debate ciudadano sobre esta figura, promovidos por el Gobierno, y las consultas a algunas entidades impulsoras, que hanrealizado aportaciones que deben permitir una mejora legislativa sustancial”. Tras esta reforma, el derecho estatutario apromover y presentar una iniciativa legislativa ve cómo se amplía el ámbito de personas legitimadas, liberando buena partede las limitaciones materiales y procedimentales traspuestas de la Ley Orgánica 3/1984 por el legislador de 1995.(37) La petición no es, por tanto, una reclamación en vía administrativa, ni una denuncia ni un recurso en la judicial, quedandoexcluidas aquellas pretensiones para cuya realización el ordenamiento jurídico prevea otros mecanismos (procedimiento parlamentario,procedimiento administrativo, quejas ante el Defensor del Pueblo, recursos judiciales, audiencias ante la Administración, etc.).(38)En cualquier caso, hay que resaltar que el régimen fijado por el Decreto 21/2003 apenas se separa del establecido en lanormativa estatal, debido, en gran medida, a la regulación detallada que lleva a cabo la Ley Orgánica 4/2001, dejando pocoespacio normativo para la innovación autonómica.91
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