Participación ciudadana para una administración ... - Notas de prensa

Alude a los fundamentos y al modo de gestióndel poder público para resaltar, por un lado, lalegitimación de todo poder en la voluntadpopular y, por otro, la obligación de ejercer esepoder teniendo en cuenta esa voluntad popularmanifestada. Desde este punto de vista, loimportante es que la organización de los poderespúblicos y el proceso de elaboración de susdecisiones garanticen la adecuación de ladecisión final a la voluntad del pueblo (14) . Porquelos poderes del Estado emanan del pueblo, queaparece como sujeto de la soberanía nacionaly autor último de la voluntad del Estado. Elpoder pertenece en última instancia al pueblo,lo que lleva a su conexión con el concepto desoberanía popular. Así, el artículo 1.2 de laCE’78 proclama que la soberanía nacional resideen el pueblo español, del que emanan lospoderes del Estado (15) , lo que permite a todoslos ciudadanos participar en los asuntos de sucomunidad, expresar sus opiniones, y tener vozy voto en las decisiones de sus gobiernos.Este principio de participación se expresa concarácter general en el artículo 9.2 CE’78 -inspiradoen la cláusula Lelio Basso de la Constituciónitaliana (16) -, al proclamar que corresponde a lospoderes públicos facilitar la participación de todoslos ciudadanos en la vida política, económica,cultural y social -bajo esa voluntad de estableceruna “sociedad democrática avanzada”-, lo queconlleva una extensión de la participaciónciudadana.Ante todo es necesario recalcar que este artículo9.2 CE’78, como todas las disposicionesconstitucionales, tiene un claro valor normativo,caracterizando la norma contenida en esteprecepto como principio jurídico. En este sentido,conviene recordar que los principios generalespueden ser de diverso tipo, según contengancriterios de aplicación directa e inmediata obien prevean una orientación -en este últimocaso se configuran como principios programáticoso «normas de finalidad»-. El carácter que se leadjudica al artículo 9.2 CE’78 es el de principiogeneral del ordenamiento jurídico, y dentro deesta categoría genérica entraría en el tipo denorma programática o de finalidad, esto es,cumple una función informadora e integradorade todo el ordenamiento jurídico, a la vez quecontiene un mandato vinculante de actuaciónpara todos los poderes públicos (17) .Este principio se corrobora, en su manifestaciónde participación política, en el artículo 23 CE’78,al señalar que “los ciudadanos tienen el derechoa participar en los asuntos públicos directamenteo por medio de representantes, librementeelegidos en elecciones periódicas por sufragiouniversal”. Por tanto, nuestra Constitución asumedos formas de acceso de los ciudadanos a lasdecisiones públicas, directamente o por medio derepresentantes, que no es sino el reconocimientode un sistema mixto, de democracia representativay de democracia directa. Ahora bien, el tratamientojurídico-político que se ha dado a este precepto,tanto en el propio texto constitucional comoen la legislación de desarrollo, no hace sino probarque nuestro sistema se inclina decididamentepor un modelo bastante cerrado de democraciarepresentativa.Así lo viene reconociendo el propio TribunalConstitucional que, desde sus primeras sentencias,(14)SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. “El principio de participación en la Constitución Española”. Revista de Administración Pública.1979. Nº 89. p. 178.(15) Un Estado democrático es aquél, en palabras de García Pelayo, en donde el pueblo es fuente de la que emanan los poderesestatales o, más correctamente, donde los ciudadanos participan en la toma y control de las decisiones del Estado, comotitulares de la soberanía.(16)El origen de este precepto se encuentra en el artículo 3.2 de la Constitución italiana, que prescribe la obligación de laRepública de suprimir los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de losciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en laorganización política, económica y social del pais.(17)En este sentido, M.J. LARIOS PATERNA ha resaltado que el artículo 9.2 CE’78 “no contiene un mandato que vincule allegislador a la adopción de unas medidas legislativas concretas, sino un mandato abstracto que, aunque se configura comoun auténtico deber de acción legislativa, no impone al legislador una acción determinada”.82