Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia

La nacionalización de los hidrocarburos no poseía un rumbo más definido luego de la renuncia
de Andrés Solíz Rada, lo cual fue muy sentido por los constituyentes nacionalistas.
La Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) estuvo sometida a demasiados
conflictos e indecisiones. La reforma educativa también carecía de consenso.
Hubo demasiadas indefiniciones sobre la modernización y cambios en la estructura del
impuesto complementario a la minería, pues las pugnas entre la gran minería, los mineros
medianos, COMIBOL y cooperativistas, terminaron en una profunda falta de visión de
largo plazo entre las posibilidades del Estado y la necesidad de diseñar políticas públicas
adaptadas a las influencias del mercado internacional.
Así regresaron varias estrategias neoliberales con la firma de un contrato de concesiones
con la empresa hindú Jindal Steel & Power para la explotación del hierro en el Mutún; en
opinión de diferentes especialistas, las condiciones de operación de Jindal significaban un
enorme costo para el Estado boliviano pues aunque el gobierno de Morales anunció que
Jindal debía pagar 5 dólares por millar de metros cúbicos, los negociadores del Ministerio
de Hidrocarburos llegaron a sostener que dicho precio podía rebajar a 2,5 dólares por
millar de metros cúbicos, hecho que representaba una subvención estatal y una reducción
de regalías para las regiones productoras entre $US 99,7 y 179,5 millones anuales, todo
porque Jindal debía obtener su tasa de retorno del 20%; además, durante el proceso se
vulneraría el supuesto objetivo de la Ley de Hidrocarburos y de la nacionalización de
maximizar la participación, los ingresos y beneficios para el país y el Estado.
Asimismo, las declaraciones del nuevo Ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas, en
octubre de 2006 públicamente propusieron que la transnacional española REPSOL reactivara
el proyecto Pacific LNG, que había sido duramente cuestionado en el pasado durante
las negociaciones secretas con Chile realizadas por los ex presidentes Jorge Quiroga y
Gonzalo Sánchez de Lozada entre los años 2001 y 2002.
La refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) quedó destruida
por completo con el escándalo de corrupción por más de 70 millones de dólares que
involucraban directamente al ex presidente de la petrolera, Santos Ramírez a comienzos
del año 2009. Su liderazgo también fracasó, demostrando claramente que el clientelismo,
favoritismos e incompetencia gerencial caracterizaban al MAS y a los dirigentes de
izquierda que disfrazaban sus inclinaciones delincuenciales con el discurso del cambio
revolucionario, jamás logrado.
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