Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia

El área rural aprobó la nueva Constitución de manera contundente con 82% y la característica
central de este apoyo radica en la identificación étnica que tienen los pueblos
indígenas y campesinos con el liderazgo de Evo Morales, visto como el “indio de las
masas y el caudillo de los pobres”. En realidad, los discursos de defensa del texto constitucional
expresados por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB) o la Confederación de Pueblos Indígenas de la Amazonía
(CIDOB) entre el año 2006 y 2007, reivindicaban la necesidad de reconstruir el Estado
boliviano por medio de una Constitución que destruya el racismo y colonialismo vigente
en Bolivia; sin embargo, estos argumentos obscurecieron cualquier posibilidad
de negociación y acercamiento pacífico con la oposición, descalificada constantemente
como un interlocutor que buscaba perpetuar la estructura neoliberal de los regímenes
pasados.
La tercera tendencia expresaba las profundas limitaciones del presidente Evo Morales
para consolidar un liderazgo nacional plenamente reconocido por la estructura de clases y
la sociedad multicultural boliviana. Todos sus discursos de carácter político a favor de la
Constitución, entre la entrega del texto en marzo de 2008 y la promulgación de la Ley del
Referéndum Constitucional en octubre del mismo año, transmitieron un tono desafiante
que aceleró una serie de conflictos con la oposición, los medios de comunicación y las regiones
de la “media luna”, dando a conocer que su presidencia no dará “el brazo a torcer”
para reconstruir un pacto de gobernabilidad porque él considera que la gobernabilidad
era producto del viejo modelo neoliberal, provocando muchos sobresaltos respecto a sus
planes hegemónicos de reelección indefinida y destrucción de la lógica de equilibrios al
interior de la democracia parlamentaria en el Congreso nacional.
Si bien el gobierno del MAS calificaba su gestión como una verdadera revolución, todas
las decisiones gubernamentales eran reformismos. No existió ninguna revolución y el argumento
más claro fue la Renta Dignidad que modificaba el nombre a la política pública
iniciada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada con el Bono Sol. La estructura
financiera para mantener vivo el bono cambió pero sin alterar las previsiones electoralistas
que tuvo la derecha gonista durante los ajustes estructurales en los años 90. El concepto
de revolución implica altas dosis de violencia y destrucción total de las estructuras
del viejo orden político, así como un alto costo humano para consolidar a una élite revolucionaria
que, progresivamente, actúa con un carácter más totalitario para evitar intrusos
en el proceso revolucionario.
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