Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia

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La comisión de Educación e Interculturalidad tuvo tres sub-comisiones: a) Educación escolarizada y alternativa, b) Educación superior, ciencias y tecnologías y c) Culturas y deportes. Uno de sus ejes de trabajo radicó en el fortalecimiento de la estatización para proveer servicios de educación. La posibilidad de introducir algunos mecanismos de control social para reducir y limitar las autonomías universitarias no generó ningún eje de consenso específico; en todo caso, el trabajo de la comisión fue constantemente influenciado por las presiones del sistema universitario público. En la comisión de Desarrollo Social Integral los debates se organizaron en torno a tres sub-comisiones: a) Salud integral, b) Empleo, viviendas y transporte, y c) Protección social. Esta comisión reunió información relevante pero no logró concertar elementos de carácter constitucional porque el MAS presentó las mismas políticas de su gobierno “Para vivir bien”, causando una reacción en la oposición que vio el hecho como la ausencia de genuinas propuestas para la Constitución. La comisión de Hidrocarburos fue otra de las más débiles por la indisciplina con que desarrolló su trabajo y el desconocimiento especializado de las temáticas; tuvo tres subcomisiones: a) Propiedad y dominio, b) Exploración y explotación, y c) Industrialización y transporte. Esta comisión buscó reforzar las orientaciones de la política de nacionalización iniciada el primero de mayo de 2006, fue la más informal en las discusiones y el cumplimiento de las fechas para entregar sus informes y sistematización de información porque ningún asambleísta conocía en detalle la economía de los hidrocarburos. La comisión de Minería y metalurgia se dividió en: a) Metales y metalurgia, y b) No metales y siderurgia. A esta comisión le preocupaba la reforma del código de minería y el aumento de las regalías pero no estableció claramente si podía diseñar una nueva política minera, o mantener planteamientos muy generales dentro de un acápite sobre los recursos naturales no renovables. Sus propuestas estuvieron demasiado concentradas en la defensa de intereses corporativos, provengan éstos de los mineros cooperativistas o de los mineros pertenecientes a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Jamás surgió el intento por analizar los problemas del país en su conjunto, así como tampoco se tuvo una comprensión de las dimensiones constitucionales para la preservación de los recursos extractivos en condiciones de un Estado de Derecho fuerte y regulador, sino que las discusiones quedaron atrapadas en medio de presiones y amenazas de los diferentes sectores mineros que buscaban ante todo precautelar sus intereses con un carácter político restringido. 201
La comisión de Recursos Hídricos y Energía organizó su trabajo con dos su-comisiones: a) Recursos hídricos y b) Energías. Esta comisión inició un proceso para reunir información relevante sobre energías alternativas, modificaciones a la Ley del Agua, protección del medio ambiente y otras dimensiones ligadas al desarrollo sostenible, sin encontrar claramente los aspectos constitucionales de sus propuestas. Constantemente confundió el análisis constitucional con los planteamientos para formular políticas públicas. Al final solamente concluyó con una afirmación por demás insubstancial: los recursos hídricos deben ser propiedad del Estado boliviano. En la comisión de Desarrollo Productivo organizaron tres sub-comisiones: a) Desarrollo productivo rural sostenible, b) Desarrollo productivo agroindustrial, y c) Soberanía alimentaria y tecnología agropecuaria. Esta comisión buscaba fortalecer la participación estatal en la economía pero no expresó con precisión sus planteamientos constitucionales, porque la mayor parte de las discusiones sobre inversión para el desarrollo, prioridades, seguridad alimentaria y productividad rural, terminaron por presentar políticas gubernamentales o sugerencias de organismos no gubernamentales especializados que tampoco aclaraban cuál sería el estatus constitucional de algunas “políticas específicas de desarrollo”; sin embargo, fue una de las únicas comisiones que logró consensos importantes aprobando todos sus artículos por unanimidad, a excepción del artículo sobre productos transgénicos. La comisión de Recursos Naturales, Tierra y Territorio desarrolló su trabajo dividida en tres sub-comisiones: a) Recursos renovables, b) Tierra y territorio, y c) Medio ambiente. Esta comisión trabajó bastante en la ejecución de audiencias públicas y la sistematización de información, sobre todo para fortalecer las modificaciones de la Ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA) aprobadas por el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2006. El núcleo de disenso giraba en torno a la eliminación de la propiedad de la tierra para aquellos empresarios latifundistas acusados de un uso injusto e irracional de las tierras en todo el oriente boliviano. En materia de recursos naturales y medio ambiente, jamás estuvo claro de qué forma podían trabajar y concertar artículos constitucionales con otras comisiones similares como energía, recursos hídricos, desarrollo productivo y desarrollo económico y finanzas. Repitieron y mezclaron sus planteamientos con otras comisiones que tenían una agenda de discusión similar pero nunca hubo la capacidad para articular visiones y trabajar en comisiones mixtas. 202
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