Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia

así como tampoco se veían prevenciones sobre el sistema de votación que podía utilizar
la Asamblea durante su funcionamiento. Muchos ciudadanos se preguntaban si para cambiar
o abolir el nombre de la “República de Bolivia” se requería sencillamente la aprobación
por simple mayoría, dos tercios, cuatro quintos, o la obligación de alcanzar unanimidad,
por ejemplo para restringir el carácter de los derechos humanos fundamentales.
Completamente todas las propuestas de ley de convocatoria se concentraban únicamente
en visiones parciales de elección, sin prever cómo debía apuntalarse un proceso masivo
de reconciliación nacional, lo cual demandaba el compromiso de reducir al máximo cualquier
confrontación. El debate sobre la ley de convocatoria a la Asamblea se redujo a un
hecho incompleto: número de constituyentes, elección por regiones geográficas y la fecha
de su inauguración; el resto quedó sujeto al azar y las sorpresas del futuro político.
El Vicepresidente Álvaro García, siguió apoyando un proceso de concertación viajando
inclusive a Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni. Por otra parte, el Viceministro de Coordinación
Gubernamental Héctor Arce, se tomó la libertad de invitar a Unidad Nacional,
Podemos y el Parlamento para buscar consensos el 13 de febrero a partir de la propuesta
del gobierno que, en criterio del MAS, recogía la voluntad del pueblo. De cualquier manera,
Evo Morales y la plana mayor del Instrumento Político nunca se sintieron cómodos
con la regla de oro de los dos tercios de votos para dilucidar importantes asuntos en el
Congreso. Las designaciones de altos magistrados reclamaban intensamente la necesidad
de poner un freno a la politización y abuso de las mayorías ocasionales. Este era el sentido
que hacía aceptable los dos tercios como esquema vital para detener el atropello de las
mayorías. También se consideraba que los dos tercios garantizaban el consenso nacional,
obligando a oficialistas y opositores tener en cuenta factores objetivos de largo plazo alejados
de las meras conveniencias coyunturales y grupales. Desde cierta perspectiva, los
dos tercios en el Parlamento debieron haber implicado el origen de pactos institucionales
pensando en los próximos quince o veinte años, es decir, un extenso periodo temporal
como la salvaguarda más conveniente para consolidar realmente el sistema democrático
mediante controles horizontales de rendición de cuentas y honra de los pactos políticos
en beneficio del interés nacional.
El procedimiento de dos tercios llegó a estar prescrito en la misma Constitución Política
de 1994 que no puede ser juzgado bueno o malo en sí mismo, sino en relación con los
contextos históricos de la democracia en Bolivia; sin embargo, la dificultad implícita
para conseguir los dos tercios en el Parlamento condujo inevitablemente a la negociación.
Si bien se creyó que al exigir la concertación en la elección de autoridades se es-
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