Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia

como a la misma Asamblea, en una especie de “tribunales transitorios” para evitar que
intervengan, tanto el Fiscal General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, que son
las instituciones reconocidas por la Constitución de 2004 para tramitar el desafuero en el
caso de los parlamentarios del Congreso.
La negativa para someterse a los poderes constituidos fue defendida profundamente por
el MAS y algunos integrantes del Bloque Popular, aunque tampoco pudieron compatibilizar
el desafuero con la economía jurídica vigente y la institucionalidad en funciones.
Los planteamientos del artículo 90 sobre el desafuero no eran legalmente sustentables.
En este sentido, su discusión fue diferida pero permaneció una incertidumbre sobre cómo
interpretar el carácter originario de la Asamblea, tanto desde el punto de vista político
como jurídico.
El texto diferido del artículo 90 planteaba que la solicitud de desafuero debía ser
promovida por un juez cautelar a través de las Cortes de Distrito. El pedido se dirigiría
a la Presidenta de la Asamblea y estaría acompañado de evidencias. Su atención,
después de una compulsa y evaluación de pruebas estaría a cargo del Comité de Ética
y Justicia. Sin embargo, se establecía también que “el efecto del desafuero resuelto
sólo alcanzará al caso especificado demandado y no contemplaba ni suspensión ni
pérdida del mandato popular”. Este aspecto, prácticamente convertía el trámite en
algo insulso, que para muchos asambleístas era interpretado como un inexplicable
intento estrictamente político por borrar el desafuero, que siempre disgustó a Evo
Morales y al MAS.
En opinión del masista Edgar Arraya, había una contradicción desde el punto de vista procedimental
porque para llegar ante un juez cautelar debía transcurrir una investigación de
seis meses en el Ministerio Público, pues solamente una solicitud probada ingresaría en la
Asamblea; empero, ésta no podía tomar determinación alguna por el candado que ponía el
hecho de no perder el mandato de constituyente que los masistas defendieron.
En criterio del asambleísta Oscar Zamora Medinaceli, el artículo fue una propuesta del
MAS. “Nosotros habíamos señalado que simplemente debía decirse lo que había en la
Ley de Convocatoria; el MAS planteó luego que se postergue, en otro momento que se
acelere, y así se distorsionaban las decisiones”.
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