Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia

La comisión de Poder Ejecutivo tuvo sólo dos sub-comisiones: a) Nivel central y b) Otros
niveles de gobierno. Una de las perspectivas que fue adquiriendo notoriedad en esta comisión
tenía que ver con el respaldo para la reelección presidencial y la defensa de un
nuevo poder del Estado: el Poder Social. El trabajo también fue muy deficiente y al final
se quedaron con la misma estructura del texto constitucional de 2004 precautelando el
equilibrio de poderes y forzando la figura de reelección presidencial.
En la comisión Otros órganos del Estado se organizaron cinco comisiones: a) Defensa
del Estado, b) Defensa de la Sociedad, c) Sistema electoral, d) Representación política
y e) Otros órganos de control social. Esta comisión promovió una serie de discusiones
de corte académico y político pero no propuso aspectos institucionales claros de
reforma estatal. Existió una fuerte influencia para reformar el sistema electoral con el
propósito de reducir la influencia de los partidos políticos y eliminar la Corte Nacional
Electoral o reconvertirla íntegramente en una especie de nuevo tribunal. La propuesta
de una “registraduría nacional” que concentre la administración de un registro civil,
emisión de cédulas de identidad y el control del padrón electoral generó muchas impugnaciones.
Sus propuestas sobre el Banco Central demostraron ser una declaración
confusa de principios ya conocidos e ignorancia sobre políticas públicas y problemas
económicos.
La comisión de Autonomías fue la más convulsionada y solamente tuvo una sub-comisión
denominada “descentralización municipal y estructura del régimen autonómico en
Bolivia”. Esta comisión fue la más numerosa (27 integrantes) y buscó identificar las características,
alcances y funciones estatales a ser transferidas por el Estado central hacia
las regiones y los espacios territoriales de las comunidades originarias.
El núcleo de las divergencias tenía dos aristas: por un lado, el MAS se opuso a las
autonomías departamentales para eliminar el peso político de los prefectos de la “media
luna”, razón por la cual planteó nuevas autonomías provinciales, indígenas y
municipales, aunque sin una imagen definida sobre la estructura institucional que
permita recibir competencias y porciones de poder desde el Estado. Por otro lado, la
oposición con Podemos, el MIR, MNR-FRI y APB defendieron el carácter políticamente
autónomo de los prefectos donde la autonomía debía inclusive tener facultades
legislativas progresivamente, negándose a aceptar las autonomías de carácter provincial
o indígena. Todo el trabajo fue en vano pues se congeló en un diálogo de sordos
y mudos.
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