Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia

la Comisión de Otros Órganos del Estado. Inclusive Podemos estaba de acuerdo, pero sin
clarificar las modalidades de elección de los vocales donde solicitaban que la oposición
participe imprescindiblemente.
El nuevo Tribunal de Justicia Electoral tenía que dirimir las demandas o litigios en temas
electorales, para que la Corte Electoral deje de ser juez y parte cuando surjan conflictos o
denuncias. El Tribunal Electoral se constituiría en un brazo de la Corte Nacional Electoral;
sin embargo, no estaba claro qué se quería decir con la palabra brazo y cuáles serían
las atribuciones claras que satisfaga, tanto a los partidos políticos como a las agrupaciones
ciudadanas. El Pacto de Unidad buscaba fiscalizar como representante de los movimientos
sociales pero imponiendo sus reglas electorales a partir de los usos y costumbres
de los pueblos indígenas, sobre todo en la Asamblea Plurinacional que reemplazaría al
Congreso.
El MAS demandaba que el Tribunal Electoral sea totalmente independiente o pase a formar
parte del Poder Judicial, sin depender de la CNE. Las posiciones más radicales dentro
del MAS consideraban que el Tribunal Electoral sea un verdadero poder elegido sólo por
voto directo.
El objetivo era marcar una diferencia: por un lado, la Corte Electoral garantizaría únicamente
la organización de procesos electorales transparentes e imparciales; por otro lado,
la resolución de conflictos y controversias por fraude o delitos electorales estaría en manos
del nuevo Tribunal. En ambos casos, ni el MAS ni Podemos se pusieron de acuerdo
en la “forma de elección” de los tribunos y vocales, que es donde descansaban los cálculos
políticos para controlar de alguna manera la toma de decisiones en materia electoral.
El MAS tomaba como punto de referencia su experiencia electoral del 18 de diciembre
de 2005 cuando la Corte Electoral cometió el error técnico de depurar a un grupo de ciudadanos.
En opinión del MAS, la Corte no debía intervenir en la elaboración de su propio
sistema de depuración; por lo tanto, la construcción y vigilancia del padrón electoral tenía
que estar bajo la supervisión de un Tribunal especializado, imparcial y sujeto a otra vigilancia
de los movimientos sociales, sobre todo indígenas.
La Comisión de Otros Órganos del Estado no precisó los aspectos de gestión y normativos
para clarificar sus planteamientos en materia electoral. Todas las fuerzas políticas coincidían
en que los procesos electorales debían ser administrados con suficiente credibilidad
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