Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia

los datos del Censo 2001; además, la mitad de los asambleístas iban a ser uninominales
y el resto plurinominales llegando a conformar una Asamblea de 155 constituyentes.
La propuesta fue calificada como el último recurso frente a la del Ejecutivo persistentemente
identificada como hegemónica.
Varias organizaciones indígenas definieron también sus propuestas. La CIDOB planteó
34 representantes indígenas, uno por cada pueblo originario, a cuyo planteamiento se
sumó la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). El segundo proyecto fue elaborado por
el denominado Pacto de Unidad dirigido por la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y apoyado por organizaciones de oriente y
occidente que sugirió 26 asambleístas, 16 para las tierras altas y 10 para las tierras bajas,
además de la creación de circunscripciones especiales. La tercera propuesta correspondía
a las organizaciones del occidente del país que pensaban en 240 asambleístas, de los
cuáles más de 100 puestos tenían que ser necesariamente para los pueblos originarios.
Entre las propuestas temáticas más fuertes estaba la exigencia del reconocimiento a sus
territorios, identidades étnicas, usos y costumbres, así como la propiedad de los recursos
naturales. Los indígenas decían adherirse “a una sola Bolivia, pero con nuestras propias
nacionalidades para vivir según nuestra propia cultura”.
La Comisión Mixta de Constitución del Parlamento recibió en total 24 proyectos de ley
de convocatoria para la Constituyente y el 20 de febrero de 2006 se abrió un espacio de
concertación más promisorio luego que el MAS decidiera flexibilizar su posición con
respecto a la elección de tres constituyentes por circunscripción uninominal. La primera
propuesta de redacción fue hecha sobre la base de 8 proyectos, destacándose las influencias
del Poder Ejecutivo, Unidad Nacional, Podemos, y las brigadas parlamentarias
de Santa Cruz, Beni y Tarija. Empero, las negociaciones volvieron a debilitarse cuando
súbitamente el Presidente Evo Morales denunciara el 21 de febrero a “sectores oligárquicos
y los partidos tradicionales de ejecutar un plan contra la instalación de la Asamblea
Constituyente en agosto”.
Morales se declaró también huérfano del apoyo de los movimientos sociales a quienes
pidió olvidarse del carnaval y presionar al Congreso para que apruebe una ley consensuada
hasta la primera semana de marzo e incluso ratificó su disposición de irse de la
Presidencia si la Asamblea pidiera reducir el mandato constitucional. “Cuando algunos
sectores o grupos oligárquicos dilatan el tiempo para aprobar la ley o plantean postergar
la Asamblea no veo la reacción de los movimientos sociales, no se pronuncian”,
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