Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia

El liderazgo ligado a la problemática de la ciudadanía también tenía que ver con la posibilidad
de sustentar un proyecto político, pues el liderazgo indígena debía convertirse
en la eficiente expresión de las necesidades de múltiples grupos sociales que por primera
vez participaban activamente en una Asamblea representativa e históricamente referencial
para la instauración de un posible nuevo orden político. Indudablemente, esta tarea
era sumamente difícil porque las relaciones entre los nuevos líderes y la ciudadanía
debían converger en un factor democrático fundamental: la tolerancia política para el
establecimiento de una comunicación que permita efectivamente escuchar y reconocer
racionalmente al otro o a los otros interlocutores que buscaban consolidar sus derechos
de ciudadanía, así como elevar demandas para que sean gestionadas por una Asamblea
como evento fundacional.
La discusión de la ciudadanía y la tolerancia también estaba directamente unida a la problemática
de género donde las mujeres de manera inédita iban a participar en la reforma
completa de la Constitución. Las principales limitaciones a la ciudadanía, así como una
ampliación democrática de derechos se concentraban específicamente en sacar a luz la
discriminación sexual que, al mismo tiempo, se expresaba claramente en varios ámbitos
del trabajo donde no se reconocían algunos derechos laborales y de maternidad cuando
las mujeres buscaban el ejercicio pleno de sus capacidades legítimas. La tolerancia, que
influye en una ciudadanía mucho más completa, implicaba a su vez, un diálogo intercultural
con las identidades de género. En este sentido, la problemática boliviana exigía la
reflexión del tipo de Estado que habíamos fundado desde los inicios de la república. Para
las mujeres activistas de la equidad de género y los derechos socio-culturales, nuestro
Estado boliviano representaba un Estado mono-cultural que a pesar de proclamar un
conjunto de principios de igualdad, rechazó la participación de los pueblos indígenas y
las mujeres en la toma de decisiones sobre el desarrollo y la dirección de las instituciones
políticas. Por otra parte, tal Estado mono-cultural era acusado de marginar con violencia
a las culturas ancestrales, rechazando la aplicación democrática de una extensión de los
derechos ciudadanos.
Con el objetivo puesto en instalar la Asamblea Constituyente, las condiciones democráticas,
la ciudadanía y la tolerancia debían partir de un conjunto de relaciones colectivas
sustentadas en el reconocimiento cabal de los otros excluidos (pueblos indígenas, mujeres,
culturas sometidas y agrupaciones ciudadanas que estaban en contra del monopolio
de la representación que acapararon los partidos políticos) para la construcción de una
comunidad de derechos que comparten fines y valores democráticos en un permanente
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