Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia

Los conflictos afloraron intensamente, en primer lugar porque a pesar de que el Congreso
finalmente aprobó prolongar por cuatro meses más el trabajo de la Asamblea, otras
fuerzas políticas como el Movimiento Sin Miedo (MSM) del alcalde de La Paz, Juan del
Granado, criticaron el pacto congresal con el argumento de que no debería haberse modificado
el reglamento de debates de la Constituyente. Efectivamente, el Congreso cambió
aspectos centrales del reglamento y mostró a la vista y paciencia de todos que una vez
más la Asamblea era sobrepasada en su autoridad autónoma. En segundo lugar, el senador
masista Guido Guardia anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad
contra la prórroga del mandato de los constituyentes, declarando que la Asamblea era
ilegal y al no haber entregado la Constitución el 6 de agosto de 2007, simplemente debía
ser disuelta.
El estancamiento de la Constituyente por el conflicto de la capitalidad plena abrió el
camino para suspender todo el trabajo. Se pensó en la probabilidad de retornar sólo para
aprobar los artículos de la nueva Constitución pero ni esto funcionó. Una vez que las sesiones
se paralizaron por completo el 15 de agosto de 2007, momento en que la discusión
sobre la capital plena prácticamente fue extirpada, jamás se restablecieron ni la cordura,
ni el deseo por pensar en los intereses del país hacia el largo plazo.
El consejo político supra-partidario acaudillado por el Vice-presidente representó un pretexto
para reunir a algunos líderes de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas con
el fin de propiciar un escenario de diálogo. Allí se presentaron algunos informes sobre
los consensos y disensos encontrados en los informes de mayoría y minoría de las 21
comisiones de la Asamblea, pero todo fue una estratagema porque este consejo vulneraba
el reglamento de debates y otorgaba al Vice-presidente un protagonismo no reconocido y
resistido por el conjunto de la Asamblea.
El consejo político supra-partidario generó algunas respuestas: a) el carácter “plurinacional”
del Estado como la condición para proteger los alcances de las “naciones indígenas
autónomas”; b) el acuerdo sobre el sistema económico que reconocía la economía plural
en el país, traducida en una economía estatal, otra comunitaria y otra privada; c) se avanzó
también en el tema de las autonomías aunque el MAS forzó el reconocimiento de cuatro
tipos de autonomías: departamental, regional, local e indígena sin contemplar las competencias
de los gobiernos departamentales; con esto, el conjunto de las prefecturas de
Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, así como la Federación de Asociaciones de Municipios
de Bolivia, rechazaron abiertamente estos niveles autonómicos. Por último, este consejo
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