Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia

Las consecuencias de los conflictos fueron explícitas al mostrar un grave deterioro en la
imagen que la población tenía de la Asamblea. El descreimiento de la ciudadanía entre
agosto y diciembre de 2006 pudo caracterizarse como decepción e indiferencia al ver que
la Constituyente reproducía las mismas pautas cuestionadas del Congreso y las viejas
élites políticas.
En el fondo, gran parte de la sociedad boliviana se inclinaba más por reformas constitucionales
moderadas, antes que por reestructuraciones profundas cuya efectividad era
desconocida. Esto mostraba una encuesta realizada por equipos Mori el 10 de septiembre
de 2006 en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, donde sólo
tres de cada diez personas aprobaban el trabajo del primer mes de la Asamblea, nueve de
cada diez no conocían el trabajo de las bancadas y solamente una persona de cada diez
sabía cuántos integrantes tenía su brigada departamental en el cónclave constituyente.
Otras encuestas llevadas a cabo por organizaciones internacionales tenían similares datos,
entre ellas el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero pragmáticamente
prefirieron doblar la página y otorgar dinero a la Asamblea pensando que
los hechos cambiarían de rumbo, cuando verdaderamente los organismos externos financiaron
solamente un remolino de incompetencias e irresponsabilidad. Los cooperantes se
equivocaron totalmente.
Las confrontaciones durante la aprobación del artículo 70 sobre el sistema de votación con
el apoyo casi exclusivo del MAS (140 votos), expresaban difíciles obstáculos al interior de
la Asamblea que se resumen en lo siguiente: ruptura de los canales de comunicación entre
las principales fuerzas políticas como el MAS y Podemos. Este distanciamiento evitó la generación
de relaciones de confianza que se necesitaban para la identificación de una “visión
de país” renovada, inclusiva y reconciliadora.
Al persistir las estrategias de suma cero, era muy agotador articular consensos sobre los
temas de mayor preocupación como la estructura institucional del Estado, el futuro de
los hidrocarburos y los sectores estratégicos de la economía, la problemática de la tierra
como recurso de desarrollo, pero al mismo tiempo, como escenario de participación indígena
con algún poder, las autonomías, los derechos y garantías fundamentales de las
personas en un régimen de libertades democráticas.
Los conflictos se acrecentaron en la conformación de comisiones y directivas de las representaciones
departamentales. Una vez que el MAS controlaba 11 de las 21 comisiones
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