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<strong>Desarrollo</strong> <strong>social</strong> <strong>inclusivo</strong>: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...<br />
de mayor articulación horizontal y vertical, con miras a garantizar el acceso del conjunto de la población a niveles<br />
adecuados de bienestar y protección frente a riesgos asociados al ingreso, la salud, el desempleo y la nutrición, entre<br />
otros ámbitos, sobre la base de un financiamiento solidario y sostenible en el largo plazo.<br />
El surgimiento del cuidado como eje articulador de diversos servicios públicos a lo largo del ciclo de vida<br />
constituye, en varios países, una experiencia valiosa, en la que se busca superar las fronteras sectoriales tradicionales,<br />
así como la fragmentación de las escasas políticas públicas que existían en esta materia (véase el recuadro III.4).<br />
Recuadro III.4<br />
Institucionalidad de las políticas de cuidado en América Latina y el Caribe<br />
En un contexto marcado por el envejecimiento progresivo de<br />
la población, la desigual distribución del trabajo no remunerado<br />
entre hombres y mujeres, los cambios en los patrones de<br />
inserción laboral de estas últimas y la ampliación de los derechos<br />
vinculados a la protección <strong>social</strong> de la infancia, las personas<br />
con discapacidad y las personas de edad, la discusión sobre<br />
las políticas de cuidado aparece con creciente fuerza en la<br />
agenda pública.<br />
Todos los países de la región cuentan con algún tipo de<br />
política en esta materia. En todos existen leyes que se refieren<br />
al cuidado infantil, la gran mayoría centradas principalmente en<br />
las licencias por maternidad, así como en el trabajo doméstico<br />
remunerado. No obstante, solo en dos países —el Ecuador y<br />
Venezuela (República Bolivariana de)— se reconoce de forma<br />
expresa en la constitución el trabajo de cuidado no remunerado.<br />
Asimismo, la regulación sobre el cuidado de otros grupos de la<br />
población, como las personas con discapacidad o con enfermedades<br />
terminales o las personas de edad, figura escasamente en los<br />
marcos legales vigentes.<br />
Respecto de los servicios y recursos para cuidar,<br />
todos los países de América Latina cuentan con políticas<br />
asociadas a servicios de cuidado infantil y a centros diurnos<br />
o establecimientos de larga estadía para personas de edad.<br />
No ocurre lo mismo en el caso de los centros para el cuidado<br />
de personas con discapacidad o de los servicios de cuidado<br />
que se brindan dentro de los hogares, que muestran escasa<br />
presencia en los países. Asimismo, solo en siete países se<br />
han implementado transferencias para cubrir los gastos de<br />
contratar servicios de cuidado o para apoyar a quienes ejercen<br />
trabajo de cuidado no remunerado.<br />
La dispar existencia de políticas para todas las poblaciones<br />
involucradas en el cuidado (proveedoras y receptores) da cuenta<br />
de una institucionalidad en construcción en la región, con escasa<br />
presencia de entidades coordinadoras de una política integrada.<br />
Así, el debate sobre la organización <strong>social</strong> del cuidado —impulsado<br />
inicialmente por el movimiento de mujeres y la economía feminista,<br />
y luego por la preocupación simultánea en distintos sectores de<br />
política y diversos actores <strong>social</strong>es y académicos acerca de la falta<br />
de acceso a los servicios y programas existentes de cuidado para<br />
distintos segmentos de población según sus necesidades— ha<br />
redundado en algunos países en el surgimiento gradual de una<br />
problemática transversal a varios sectores de la política pública.<br />
Si bien en países como Chile, el Ecuador, El Salvador, México<br />
y el Uruguay se han implementado mesas gubernamentales<br />
interinstitucionales de coordinación de políticas de cuidado —en<br />
las que participan los sectores <strong>social</strong>, de salud y educación, y los<br />
dedicados a la infancia, la mujer, las personas con discapacidad y<br />
las personas de edad—, solo el Uruguay cuenta con una entidad<br />
coordinadora de la política de cuidados para todas las poblaciones<br />
y que considera sus tres componentes (tiempo, servicios y<br />
recursos), la Secretaría Nacional de Cuidados, dependiente del<br />
Ministerio de <strong>Desarrollo</strong> Social. De esta forma, avanzar hacia<br />
una visión del cuidado como derecho universal, componente de<br />
la protección <strong>social</strong>, requisito para un desarrollo con igualdad y<br />
bien público, con un correlato institucional sólido asociado, es<br />
un desafío abierto en América Latina.<br />
Fuente: R. Aguirre y F. Ferrari, “La construcción del sistema de cuidados en el Uruguay. En busca de consensos para una protección <strong>social</strong> más igualitaria”,<br />
serie Políticas Sociales, Nº 192 (LC/L.3805), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014; K. Batthyány, “Las políticas<br />
y el cuidado en América Latina. Una mirada a las experiencias regionales”, serie Asuntos de Género Nº 124 (LC/L.3958), Santiago, CEPAL, 2015;<br />
F. Marco y M. N. Rico, “Cuidado y políticas públicas: debates y estado de situación a nivel regional”, Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e<br />
infraestructura, L. Pautassi y C. Zibecchi (coords.), Buenos Aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Editorial Biblos, 2013; M. N. Rico<br />
y C. Robles, “Los cuidados como pilar de la protección <strong>social</strong>: desafíos para su institucionalización”, Documentos de Proyecto, Santiago, Comisión<br />
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, en prensa.<br />
Finalmente, en paralelo al surgimiento de ministerios dedicados al desarrollo <strong>social</strong> también se han consolidado<br />
entidades, en su mayoría subministeriales, encargadas de los programas de transferencias de ingreso focalizados en<br />
los hogares pobres (véase el cuadro III.A1.3 del anexo). De los 21 países para los que se cuenta con esta información,<br />
en 10 estos programas son coordinados por los ministerios de desarrollo <strong>social</strong>, pero también hay 6 casos en que<br />
son gestionados desde la Presidencia de la República y 5 en que son conducidos desde otras carteras, como los<br />
ministerios de educación, salud o finanzas.<br />
C. Las herramientas de gestión y la dimensión<br />
técnico-operativa<br />
La gestión pública representa la traducción operacional de la política. Así, mientras en la cúspide del Estado se<br />
definen los objetivos y los principales lineamientos de acción, los equipos directivos y técnicos son los encargados<br />
de traducir estas definiciones en planes y otros instrumentos que permitan lograr los objetivos trazados, entre los<br />
Capítulo III<br />
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