Desarrollo social inclusivo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
De allí que en varios países de la región se comparta la preocupación por cómo potenciar los efectos favorables
de las transferencias monetarias, al combinarlas con medidas de activación que mejoren las condiciones actuales y
futuras de inserción laboral de sus beneficiarios.
Las principales medidas que se vienen implementando con ese objetivo, tal como fue analizado en el capítulo II,
se refieren a programas de capacitación y formación profesional, intermediación laboral, asistencia técnica y crédito
para emprendimientos rurales y urbanos. Sin embargo, mejorar la inserción laboral de personas con bajos niveles
educativos es una tarea de largo plazo, que requiere políticas de educación, apoyo psicosocial y otras medidas que
también consideren las dificultades adicionales que pueden presentarse en el caso de las mujeres, los jóvenes, los
pueblos indígenas y la población afrodescendiente (OEA/CEPAL/OIT, 2010). En particular, deben complementarse
con el fortalecimiento de los sistemas de cuidado, ya que la ausencia de apoyo público a las familias para el cuidado
de niños, adultos mayores y personas con discapacidad incide negativamente en la participación laboral de las
mujeres, particularmente las que viven en condición de pobreza (CEPAL/OIT, 2014; Sojo, 2011; CEPAL, 2012d). En
el mismo sentido, las acciones de inclusión laboral y productiva de los programas de transferencias condicionadas
también deben considerar las mayores dificultades que tienen las mujeres para abandonar el sector informal por no
tener acceso a sistemas que las apoyen en sus responsabilidades de cuidado 9 .
Asimismo, hay que asegurar que las familias que salgan de los programas por haber superado la condición
de pobreza gracias a la inclusión laboral y productiva de sus miembros en edad de trabajar no queden excluidas
del sistema de protección social. Si bien el paso de las familias por los programas de transferencias de ingresos
idealmente debería ser transitorio y terminar una vez que logren generar ingresos suficientes para mantenerse fuera
de la pobreza de manera autónoma, este egreso debe ser entendido como la constitución de un nexo distinto con
otras acciones de protección y promoción social de cada país; quienes hayan superado la pobreza deben contar con
otros instrumentos de protección social (Cecchini y Martínez, 2011).
3. Igualdad y enfoque de derechos en los programas de transferencias de ingresos
para la superación de la pobreza
El fortalecimiento de los programas de transferencias de ingresos para la superación de la pobreza debe guiarse
por un enfoque de derechos. Teniendo en cuenta el principio de igualdad, deben buscar cubrir a la totalidad de la
población en situación de pobreza. Más allá de la ampliación de sus recursos, deben minimizarse los errores de
exclusión de los destinatarios, que desde una óptica de derechos son más graves que los de inclusión. Ello puede
apuntalarse con la elaboración y frecuente actualización de los registros únicos de beneficiarios. En algunos países,
esto implica incluso asegurar que todos los ciudadanos cuenten con cédula de identidad, requisito esencial para
participar en los programas.
Siguiendo este principio, hay que evitar reproducir tratos discriminatorios hacia las personas que viven en condición
de pobreza, especialmente las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y la población afrodescendiente (véase el
recuadro IV.1). Para ello, debe tomarse en cuenta tanto una perspectiva de ciclo de vida, como la pertinencia cultural
y el enfoque étnico y racial de las acciones de los programas, incluida la oferta de servicios de salud y educación, los
procesos administrativos y las acciones de inclusión laboral y productiva. Es conveniente que las condicionalidades
o corresponsabilidades que asumen las familias para recibir las transferencias monetarias sean coherentes con sus
necesidades, sus posibilidades y el contexto social, económico y cultural.
Otros aspectos también pueden contribuir al mejoramiento de los programas desde la perspectiva de derechos
humanos. Es fundamental establecer reglas claras, transparentes y accesibles (respecto de requisitos de acceso,
procedimientos de postulación, características de las prestaciones, formas de pago, mecanismos de reclamo y
procedimientos de exigibilidad) para garantizar una mayor sostenibilidad de los programas en el tiempo, por
encima de los avatares electorales o políticos. A su vez, la participación efectiva de los destinatarios y la comunidad
permite retroalimentar a los administradores de los programas, lo que les permitirá aplicar mejoras. La participación
ciudadana, unida a mecanismos efectivos de rendición de cuentas, contribuye además a eliminar eventuales casos
de corrupción o clientelismo (CEPAL, 2014d).
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MacLennan, Veras Soares y Robino (2015) reunieron varios artículos donde se analiza este vínculo en diversos países de la región.
Capítulo IV
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